La Cámara de Diputados terminó su periodo ordinario de sesiones sin resolver temas fundamentales que formaban parte de la agenda legislativa, principalmente en materia de justicia y de su propia normativa interna.

Según un balance de la mesa directiva, entre los asuntos que se quedaron en la congeladora están garantizar un salario mínimo digno para los trabajadores, expedir una ley en materia de desaparición forzada y el uso terapéutico de la mariguana.

Debido a que la Cámara de Senadores aprobó en las últimas horas del periodo autorizar el uso médico de la mariguana, la Cámara de Diputados decidió analizar la minuta respectiva hasta febrero y convocar a un foro, así como sostener una reunión con el secretario de Salud, José Narro.

Asimismo, la cámara decidió atender las observaciones que hizo el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto de que los cambios aprobados en comisiones a la minuta del Senado de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes serían particularmente regresivos.

También se retiró el dictamen para modificar la ley de trata, después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) observó que los cambios propuestos por los senadores sólo beneficiarían a los delincuentes, y en este punto se acordó abrir un diálogo con los grupos parlamentarios en el Senado.

La cámara también dejó pendiente la revisión de su reglamento en materia de transparencia, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio del gasto, así como la elección del presidente del comité de transparencia, que no ha podido instalarse porque el PRI y Acción Nacional (PAN) se disputan ese cargo.

Para el tricolor, la secretaria general del PRI, Carolina Monroy del Mazo, debe presidir ese comité, porque ella lo propuso y el PAN ya preside la mesa directiva, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la junta de coordinación política.

El comité fue aprobado en abril y debió quedar integrado desde el 30 de julio.

También quedó en el archivo la mayor parte del paquete de justicia cotidiana propuesto por el Ejecutivo, y, ante las críticas por el alcance de la minuta del Senado con la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que regularía la declaratoria de estado de excepción, el tema se pospuso, al igual que la iniciativa priísta para una ley de seguridad interior.

Otros pendientes son iniciativas para regular o suprimir las pensiones de los ex presidentes de la República, nuevas iniciativas que permitan definir los salarios y prestaciones máximas de servidores públicos.