El fenómeno de la inseguridad y la violencia en el país se mantiene como un problema y un desafío. Y más allá de las razones, excusas o culpas que se pretendan dar o decir, se debe redoblar el paso, ser perseverantes y plantar un frente común por un México de paz y tranquilidad, expresó el presidente Enrique Peña Nieto ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

No estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora para atender la legítima demanda social de seguridad, admitió también. Y de nuevo asumió la obligación irrenunciable, indeclinable e insustituible de los gobiernos en la tarea de combate al crimen organizado y la violencia.

Nuevamente hizo un llamado al Congreso a aprobar la iniciativa en su poder desde hace dos años para actualizar el modelo policial (mando único), y pidió también legislar un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las fuerzas armadas, a través de una ley de seguridad interior que regule la participación de nuestros efectivos militares.

Para Peña Nieto, además, la operación del sistema policiaco no debe depender del partido que esté en el gobierno. Debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o de los liderazgos políticos de cada entidad.

Recordatorio a gobernadores

Una vez más pidió corresponsabilidad a las autoridades locales: deben cumplir plenamente su obligación de brindar protección a sus comunidades. Recordó a los gobernadores del país: hemos apoyado con firmeza el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones locales de seguridad.

En estos cuatro años se han destinado más de 49 mil millones en subsidios y aportaciones federales para renovar instalaciones, comprar vehículos, equipos, armamento, tecnología de comunicación; se ha capacitado a más de 500 mil elementos de seguridad pública y a 34 mil mandos policiales.

Ponderó entonces la creación de un nuevo portal de transparencia, donde la sociedad conocerá el monto y destino de tales recursos financieros y se fortalecerá así la rendición de cuentas.

Peña Nieto ocupó parte de su discurso en responder a la queja de Adelina Lobo-Guerrero, de Ánimos Novandi, por la falta total de presupuesto para los programas de prevención social de la violencia.

En los años anteriores, indicó, esa asignación fue superior a 9 mil millones de pesos. Ahora, en el ajustado gasto público de 2017, no hay mayor medida o acción en materia de prevención que preservar la estabilidad económica del país, dijo.

Enseguida instruyó a las instancias responsables para que podamos quedar comprometidos todos a dedicar recursos adicionales de los cuales se pueda disponer y fortalecer así las acciones en ese renglón.

Tras la petición de la representante social Lobo-Guerrero, ofreció revisar las normas relacionadas con la acreditación de los no antecedentes penales.

Ella había planteado que ese requisito violenta el derecho humano al trabajo, porque no distingue el antecedente penal. Es un estigma, y seguimos empujando a las personas que han cumplido sus condenas en las prisiones a una repetición de la conducta delictiva, resaltó.

Peña Nieto inició su discurso comparando los indicadores delictivos actuales respecto de los de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. En ese sexenio, –documentó– la extorsión había crecido 130 por ciento; el secuestro, 90 por ciento, y los homicidios dolosos, 120 por ciento, al pasar de 10 a 22 casos por cada 100 mil habitantes.

Hoy, dijo, la política de seguridad se basa en la coordinación, la corresponsabilidad, el uso intensivo de sistemas de inteligencia y el fortalecimiento institucional. Como resultado, los delitos del fuero común han disminuido en al menos 20 por ciento, y se ha neutralizado a 105 de los 122 delincuentes más peligrosos.

Más adelante, y frente a las críticas del catedrático Alberto Olvera, de la Universidad Veracruzana, en materia de actuación policial, aplicación del nuevo sistema de justicia penal, el número de desaparecidos, el sistema penitenciario y corrupción, Peña Nieto hizo un deslinde: la seguridad es obligación del Estado, y en el caso de las organizaciones sociales es una causa, un compromiso.

Ubicó como parte de las prioridades en materia de seguridad para el próximo año fortalecer acciones en los 50 municipios con mayores índices de violencia y que concentran 42 por ciento de los homicidios dolosos, así como consolidar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.