Con pocas modificaciones, la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 26 del proyecto de constitución de la Ciudad de México, donde quedó plasmado el carácter hacendario que tendrá esta capital, lo mismo en el manejo y restricción de su deuda interna que en lo relacionado con sus ingresos y egresos.

En las cinco horas que duró la sesión de ayer se hicieron patentes, en varios momentos, las diferencias entre los principales bloques, el formado por PRI, PAN, Encuentro Social, Panal, PVEM y designados por el Ejecutivo federal, y el de PRD, Morena, grupo constitucionalista y Movimiento Ciudadano, en lo concerniente a dos conceptos: capitalidad y progresividad, alrededor de los cuales se dio un amplio debate.

Esta falta de acuerdos llevó a que se regresaran a la Comisión de Principios Generales el artículo 73, referente al Régimen de Capitalidad, y el inciso tres del apartado A del artículo 26, donde se cita que la progresividad será uno de los varios principios que rijan el desempeño de la hacienda pública.

Para el bloque encabezado por PRI y PAN, incluir que esta ciudad gozará del Fondo de Capitalidad no es acertado, pues desde una constitución local no se puede establecer una obligación para el Congreso de la Unión o autoridades federales.

En cuanto a la progresividad, este mismo bloque pugnó por cambiarlo por el de proporcionalidad, con el argumento de que se debía dar certidumbre a las finanzas locales, pero los constituyentes de Morena, sobre todo, aseguraron que el trasfondo de esa propuesta era ir incrementando los impuestos en esta ciudad, lo que afectaría al grueso de la población, y sólo resultarían beneficiados los grandes grupos empresariales, lo que agudizaría la desigualdad social.

Lo que sí aprobaron por mayoría los constituyentes fue que en el artículo 26 quede estipulado que en esta ciudad no podrá haber más impuestos que los delimitados por la Constitución General y las leyes federales y locales; se detalla que las alcaldías deben destinar 22 por ciento de su presupuesto a inversión en infraestructura, y se crea un fondo especial para asignar más recursos a éstas.

Se plasma que las dependencias públicas no podrán contraer compromisos no fijados en sus presupuestos; se confirmó el carácter unitario de la hacienda pública, es decir, no se atomizará la captación de ingresos, y se prohíbe usar deuda para cubrir gasto corriente.

Este miércoles seguirán con el paquete de 12 artículos del proyecto de constitución dictaminados por la Comisión de Principios Generales.