Presentar una denuncia de hostigamiento sexual de un jefe sobre sus subordinados es entrar en un mundo de burocracias, ineficiencia y dilación que llevaría a cualquiera a abandonar el caso, lo que implica avalar la impunidad. El reto es mantenerse y perseverar hasta que las instituciones se muevan y cumplan con la labor para la cual fueron creadas.

Así explican seis mujeres, trabajadoras y ex trabajadoras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo que han vivido en los últimos dos años, a partir de las demandas que presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra Raúl Sansores, ex jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc).

Aseguraron que las investigaciones en ambas instancias han avanzado. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR ya determinó la comisión de tres delitos: hostigamiento sexual, abuso de autoridad e intimidación.

Para ello, el organismo recabó los testimonios de las agraviadas, les realizó diversos y exhaustivos estudios sicológicos y pruebas, con los que legalmente se acreditan los ilícitos cometidos en nuestra contra.

Para la realización de dichos tests, cada una llevó entre uno y dos días completos, durante los cuales relataron con todo detalle de las acciones que tipifican el delito de hostigamiento sexual y de la forma en que fueron obligadas a cambiarse de área, o incluso a optar por el retiro, como lo hizo Mónica Méndez cuando tuvo la oportunidad, aunque en condiciones normales esa no habría sido su decisión.

Personal de Fevimtra acudió, incluso, al INER para corroborar los datos aportados por las denunciantes respecto de los lugares donde supuestamente Sansores las hostigaba. El expediente quedó integrado y en junio pasado se consignó ante un juez, el cual solicitó hacer una corrección técnica que no implica cambios o ampliación de pruebas, comentó María Inés Vargas, investigadora y una de las seis denunciantes.

Sin embargo, hasta ahora la Fevimtra no ha podido hacer los ajustes solicitados por el juez y el expediente sigue ahí detenido.

En entrevista, las seis mujeres comentaron que en la CNDH, luego de que admitió su queja hace dos años, se empezó a integrar el expediente lo que también implicó la realización de estudios y pruebas sicológicas exhaustivas.

Aseguraron que el organismo ya elaboró un dictamen en el que se reconoce la violación de los derechos humanos de las mujeres. Dijeron que el documento debe ser autorizado por el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, pero tampoco ha pasado de ahí, señalaron.

Destacaron que como víctimas les ha tocado padecer agresiones, amenazas, señalamientos de sus compañeros de trabajo, y afuera, constatar la dificultad para garantizar espacios libres de violencia, sobre todo cuando falla la respuesta institucional y no hay equidad en el trato hacia e presunto agresor y las víctimas.

Hasta hace unos días, Sansores seguía como jefe de departamento. De manera verbal le notificaron el término de su relación laboral con el INER.