La acción del gobierno mexicano para evitar los efectos negativos de las políticas que pueda instrumentar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tendrían que llevarse a cabo en el país, cambiando las condiciones sociales y económicas, sostuvo ayer Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En el conversatorio Las nuevas coordenadas del activismo trasnacional, organizado por Acción Migrante, Cárdenas Solórzano advirtió que una eventual deportación masiva de migrantes complicaría más la situación social y económica del país, ya que las políticas que ha instrumentado el Estado mexicano no están creando los empleos que la nación demanda.

Apuntó que en términos reales, no de acuerdo con las cifras oficiales, la desocupación respecto de la población activa debe andar en 50 por ciento, no el 5 o 6 por ciento que señalan autoridades.

Por ello, se pronunció por un cambio en el modelo de desarrollo que dé prioridad al crecimiento de la economía y de empleos formales, para evitar que gente de todo el país se viese forzada a migrar por falta de oportunidades.

Cárdenas Solórzano indicó que el actual modelo ha tenido como efecto la desaparición de algunas ramas productivas, y el gobierno se ha desentendido de sus responsabilidades sociales.

Recordó que tenemos más de 30 años en que nuestra economía casi no crece o crece muy poco.

En su intervención, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, señaló que en el actual momento México tiene una extraordinaria oportunidad para repensar su relación con Centroamérica, que incluiría una disculpa, porque lo que estamos haciendo con los centroamericanos es de una ignominia y vergüenza extraordinarias. Todos los días pasan en mayor o menor proporción, pero en esencia los mismos fenómenos, como la matanza de San Fernando (Tamaulipas), y eso es una indignidad.

Además, recordó que por segundo año consecutivo el país deporta más centroamericanos que Estados Unidos, y calificó al Plan Frontera Sur como bofetada sistemática a Centroamérica.

Álvarez Icaza pidió también que el gobierno mexicano asuma el patético papel que ha tenido por pelearse con los organismos internacionales de derechos humanos.

Añadió que el gobierno se ha peleado con alrededor de 15 instancias internacionales, entre éstas el Comité de Desapariciones Forzadas, con la CIDH, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y Amnistía Internacional, entre otras. Sin embargo, tiene que empezar ya una estrategia de defensa en los foros internacionales.

Criticó las acciones expuestas por el gobierno para enfrentar una posible deportación masiva de migrantes que viven en Estados Unidos, como la línea telefónica ya propuesta o la ampliación del horario de trabajo de los consulados para atender a los connacionales que viven en aquel país.

“A mí me gustaría mejor escuchar que se está preparando un plan DN-III para la frontera” o que haya un presidente mandando el mensaje de que estamos en condiciones de atender a cualquiera, dijo.