yer se dio un primer paso en el proceso de reorganización directiva del deporte mexicano, rumbo a próximas competencias internacionales y, cuando menos en teoría, a los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2020. Esa reorganización ha sido iniciada por la vía judicial, con la Procuraduría General de la República (PGR) como ejecutora de órdenes de aprehensión contra Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo y de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, asociaciones civiles, en ambos casos.

El ex maratonista Pineda fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se ha hecho saber que es el primero de una lista de ese tipo de personajes que serán encarcelados bajo la acusación de peculado, pues habrían malversado fondos públicos puestos a su disposición para ayudar a quienes representan a México en competencias deportivas diversas.

En términos generales, son indefendibles los directivos de esas federaciones, que han sido constantemente acusados de practicar los peores vicios de la vida política nacional. Convertidos en caciques, se hacen relegir de manera mafiosa, favorecen a sus camarillas, desplazan y frustran a quienes no aceptan sus dictados y son causantes de la sistemática recolección deficitaria de medallas y trofeos, que causa vergüenza nacional cíclica, todo en el marco de una corrupción generalizada, con las partidas gubernamentales para apoyo al deporte convertidas en bocadillos para consumo de esos directivos mediante simulaciones fiscales y negocios particulares de toda índole.

Sin embargo, el ejecutante de la limpia deportiva no cuenta con credenciales que permitan pensar en genuinos ánimos de corrección, justicia y honestidad. Todo lo contrario, pues pareciera que se está frente a una maniobra vengativa de parte de Alfredo Castillo Cervantes (primo de quien ahora está en la PGR, Raúl Cervantes Andrade, y del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes), a quien el directivo de atletismo ahora aprehendido y los otros que están en la lista de futuras detenciones han jugado las contras y le han hecho pasar momentos ignominiosos en la reciente Olimpiada, con sede en Brasil.

Castillo Cervantes es uno de los hombres del primer círculo de Enrique Peña Nieto y ha tenido encargos ascendentes. El 22 de marzo de 2010 fue el primero en llegar al domicilio de la familia Gebara Farah, luego que se notificó la desaparición de la niña Paulette. Fue responsable de la investigación del caso y sustituyó a Alberto Bazbaz como procurador de justicia del estado de México ante la caída de éste, a causa de la burla generalizada que provocó aquella verdad histórica, la del cadáver infantil buscado por todos lados, pero finalmente encontrado en un resquicio del colchón de su cama.

Ya con Peña Nieto en Los Pinos, Castillo Cervantes fue subprocurador en la PGR, procurador de la defensa del consumidor y, sobre todo, en enero de 2014, comisionado invasor del estado de Michoacán para suplir de facto al gobernador Fausto Vallejo, gravemente enfermo y absolutamente rebasado por el poder del crimen organizado. El saldo de esa gestión anticonstitucional de Castillo es negativo. Fomentó grupos de autodefensa a los que luego abandonó y traicionó, permitió el reciclaje de grupos criminales y simplemente propició nuevas reglas gerenciales para el manejo del mismo negocio tan productivo.

En su cuenta histórica queda la venganza judicial contra el médico José Manuel Mireles Valverde, un personaje de claroscuros al que las circunstancias llevaron a un protagonismo de ribetes mediáticos muy explotados. A pesar de que Castillo Cervantes, como retorcedor de leyes, permitió y promovió el uso de armas de fuego de grueso calibre por parte de las autodefensas, luego utilizó selectivamente esa infracción generalizada para justificar la aprehensión del citado médico Mireles, quien sigue preso no por haber incurrido en conductas distintas de las observadas por miles de levantados oficiales en Michoacán, sino por no haber acatado la instrucción final de Castillo de afiliarse a cuerpos policiacos, cesar el uso irregular de las armas y deponer el plan original de terminar con los cárteles y sus abusos en esa tierra donde el crimen organizado sigue mandando, nomás que en nuevos términos sexenales.

Luego del trágico experimento en Michoacán, Castillo Cervantes escogió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como siguiente estación de paso. Sin embargo, hasta ahora no ha podido someter a la presunta línea presidencial a los directivos de federaciones y comités deportivos, que históricamente sobrellevan a los enviados de Los Pinos pero nunca les han permitido tomar verdaderamente las riendas de un negocio que produce muchas ganancias económicas para sus controladores.

En Brasil, la exigua cosecha de medallas olímpicas significó una demostración pública de que Castillo no había logrado remover y cambiar lo necesario para darle más viabilidad triunfal a México. Era de suponerse que sería despedido de la Conade para ir a otro cargo. Pero, así como Peña Nieto le dijo insólitamente a la entonces titular de Sedesol, no te preocupes, Rosario; hay que aguantar, cuando en marzo de 2013 habían sido plenamente probadas las andanzas electorales en favor del PRI de enviados de esa secretaría asistencial, así el mismo EPN ratificó a Castillo Cervantes en agosto del año por terminar, ante medallistas convocados: Yo quiero que Alfredo se mantenga al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Quiero que Alfredo siga siendo quien lleve la representación y el esfuerzo gubernamental en el deporte, porque sí sabe de deporte. Conoce el deporte; ha estado cerca de ustedes, y ustedes lo han dicho.

El amigo Alfredo Castillo prometió que enmendará lo que haya que enmendar, así que, en ese contexto, se ha producido la primera detención de un presidente federativo. En esta versión pirata de la película de Gángsters contra charros (1948, dirigida por Juan Orol), no hay a quien irle: todos son villanos. ¡Hasta mañana!

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