¡En México,
la Agroecología es Política!

Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols

La agricultura que más se practica en el mundo es todavía la que realizan los campesinos o pequeños productores tradicionales, cuyos conocimientos y prácticas proceden de un legado histórico de al menos diez mil años.
En efecto, los estudios recientes realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han mostrado que son los pequeños productores de carácter familiar, ensamblados o no en comunidades tradicionales, los que generan la mayor parte de los alimentos para la humanidad, que rebasa ya una población de siete mil millones. Ello llevó a la FAO a declarar el 2014 como el Año de la Agricultura Familiar.

Al aporte de la FAO se sumó un estudio realizado por la organización civil Grain (publicado en 2009) que ajusta las cifras en función de la propiedad de la tierra. Es contundente: los pequeños agricultores o campesinos del mundo producen la mayor parte de los alimentos que se consumen con solamente 25 por ciento de la tierra y en parcelas de 2.2 hectáreas en promedio. Las otras tres terceras partes del recurso tierra están en manos del ocho por ciento de los productores: medianos, grandes y gigantescos propietarios, como hacendados, latifundistas, empresas, corporaciones, que por lo común adoptan el modelo agroindustrial. En América Latina, este fenómeno adquiere una especial importancia dadas las características sociales y culturales de sus zonas rurales. En la región habitan unos 65 millones de campesinos, de los cuales entre 40 y 55 millones pertenecen a alguna cultura indígena, hablantes de más de mil lenguas.

La agroecología en Latinoamérica. En términos generales, la agroecología que se practica a lo largo y lo ancho de la América Latina conforma una corriente de investigación científica y tecnológica que se realiza en íntima relación con los movimientos sociales y políticos rurales. La agroecología ha tenido una inusitada expansión y multiplicación en numerosos países. En efecto, la agroecología se practica ya entre decenas de miles de familias rurales de la región, como resultado de la acción de movimientos sociales y/o de políticas públicas, con avances extraordinarios en Brasil, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y Bolivia, y logros moderados en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Dado lo anterior, puede afirmarse que la corriente que domina en Latinoamérica es esencialmente una agroecología política, entendida como aquella que reconoce que la sustentabilidad agraria no puede alcanzarse solamente con innovaciones tecnológicas (sean agronómicas o ambientales), sino que es necesario un profundo cambio institucional y en las relaciones de poder, es decir que toma en cuenta los factores sociales, culturales, agrarios y políticos, y los principios de autogestión, autosuficiencia y autogobierno.

El caso de México. Desde el punto de vista agrario, México es un país especial pues la mitad del territorio del país (más de 104 millones de hectáreas) se encuentra en manos de los pequeños propietarios ensamblados en unidades sociales agrarias (ejidos y comunidades), que realizan la mayor producción de granos básicos y otros alimentos en términos de superficie. Este panorama es el resultado de la revolución agraria de principios del siglo XX, plasmado en la Constitución de 1917, que indujo el desmantelamiento de las grandes propiedades (haciendas) y fraccionó el territorio en miles de unidades productivas. En efecto, hacia 1910 la estructura agraria del país era la siguiente: cinco mil 932 haciendas poseían 94 por ciento de la tierra, 32 mil 557 rancheros eran propietarios del cinco por ciento y el uno por ciento restante correspondía a las comunidades y pueblos originarios. Esta transformación social produjo además una re-indianización del país, al devolver buena parte de sus territorios a los pueblos originarios, descendientes de la civilización mesoamericana, con una historia agrícola de por lo menos siete mil años.

Actualmente los pueblos originarios disponen de unos 28 millones de hectáreas de territorio. Este fenómeno se ha visto confirmado por el repunte demográfico de los pueblos indígenas durante los tres lustros recientes, al pasar de unos 10-12 millones en el 2000 a más de 25 millones en el 2015 (según los Censos Nacionales, INEGI), convirtiendo a México en el país con mayor población indígena del continente americano. A la fecha, 31 mil 500 ejidos y comunidades disponen de 54 por ciento de la propiedad agraria del país, que sumados a los 1.6 millones de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene cinco hectáreas o menos, con el 35.7 por ciento de la superficie nacional, hacen que casi 90 por ciento del territorio del país esté en manos de productores de pequeña escala.

Milpas, café y miel: agroecología y resistencias comunitarias. Tres sectores estratégicos del campo mexicano que han abrazado los principios agroecológicos son el de las milpas, centrado en la defensa del maíz ante la posible entrada de las variedades transgénicas; el cafetalero que ha tomado la vía de las cooperativas orgánicas, y el de los productores mayas de miel contra la contaminación por la soya transgénica. Estos conforman tres procesos de resistencia agroecológica más importantes.

¡Sin maíz no hay país! En los paisajes rurales de México, el sistema de producción de alimentos más frecuente y extendido es la milpa, cuyo cultivo principal es el maíz con una historia de al menos nueve mil años. México es repositorio de 65 razas de maíz que se cultivan a lo largo y ancho de su territorio, y que son resultado de una milenaria co-evolución entre dicho cereal y los pueblos indígenas y campesinos de tradición mesoamericana que se han dedicado a su manejo, domesticación, diversificación y perfeccionamiento, procesos todos que continúan hasta el día de hoy. La revolución neolítica en Mesoamérica no sólo implicó la invención del maíz y de cerca de 200 especies cultivadas (Casas, 2007), sino también la creación de un policultivo en donde co-habitan un número muy alto y variado de especies anuales, bianuales, semi-domesticadas y toleradas, según la región biocultural en donde se cultive. Hoy, 2.5 millones de familias campesinas cultivan maíz en la mitad de la superficie agrícola del país, en unidades de producción menores a cinco hectáreas, con semillas nativas y en tierras de mediana o baja productividad. El maíz fue y sigue siendo el alimento principal de los mexicanos, complementado con otros cultivares de la milpa como el frijol, la calabaza, el chile, el jitomate, el amaranto, y los quelites.

La contaminación genética descubierta en comunidades indígenas y campesinas de México durante las dos décadas recientes, así como el potencial arribo e introducción de maíz genéticamente modificado, han generado una inusitada proliferación de resistencias por todo el país, las cuales han sido notablemente influenciadas por el pensamiento agroecológico. Tales resistencias de escala local, regional, nacional e internacional, han sido nutridas tanto por actores rurales de comunidades campesinas e indígenas como por organizaciones no gubernamentales, académicos, artistas, intelectuales y ciudadanos urbanos. Las dos campañas de nivel nacional que han encabezado esta resistencia son Sin Maíz no Hay País y la Red en Defensa del Maíz”.

Estas resistencias han quedado expresadas tanto por proyectos agroecológicos emblemáticos, como por el renacimiento de las llamadas ferias del maíz y la multiplicación de los tianguis o mercados orgánicos alternativos. Las ferias o fiestas del maíz reviven el acto ritual que reorganiza el sentido comunitario, fortaleciendo los lazos rotos de la comunalidad y el sentido de habitar con un sentido de dignidad. El número de ferias del maíz ha crecido sustancialmente en los territorios en resistencia durante los años recientes. En 2009 hicimos un recuento de 20 ferias celebradas a lo largo y ancho del país por diversas organizaciones locales. Hoy hemos contabilizado unas 80 ferias y el número crece continuamente. Las ferias incluyen el intercambio de semillas entre los mismos pobladores, con pobladores de lugares circunvecinos e inclusive campesinos de otros estados y regiones del país, la recuperación de las culinarias locales, exposiciones de aperos y fotografías antiguas, charlas sobre el significado de las semillas transgénicas y quienes las diseminan, bendición de semillas, obras de teatro, cine, etcétera.

Con la inauguración del primer tianguis alternativo en 1996, su emergencia ha sido exponencial. A finales de 2014 se contabilizaban unos 60 sitios y, muy posiblemente, hoy día lleguen a los 70, que operan en 22 estados de la República. Constituyen un enlace muy importante entre productores ecológicos y agroecológicos y sectores de la sociedad preocupados por su alimentación sana, por el mercado justo y por establecer lazos solidarios con otros sectores de la población.

Estos mercados o tianguis alternativos son la vía para tejer redes solidarias entre diversos actores sociales con afinidades culturales, ideológicas y políticas, con los sistemas milperos agroecológicos y con las ferias del maíz y de la milpa.

Las cooperativas productoras de café orgánico. En México el café se cultiva desde finales del siglo XIX. En su primera fase, la producción cafetalera fue realizada casi exclusivamente por medianas y grandes fincas de propietarios extranjeros (y posteriormente nacionales) en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. A mediados del siglo XX, se inició una fase estatista, que comenzó con la fundación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1959, organismo del gobierno mexicano dedicado a regular los precios, dar apoyos económicos (créditos) y técnicos a los productores, eliminar el intermediarismo (acaparadores comerciales) y crear miles de unidades de producción y comercialización en las regiones cafetaleras, bajo un espíritu colectivista.

Con el retiro del Estado y el advenimiento de la fase neoliberal y sus políticas de libre mercado, terminó de realizarse un proceso de organización autónoma de cientos de cooperativas campesinas e indígenas, las que fueron gradualmente adoptando los principios agroecológicos durante al menos las dos décadas recientes.

En virtud de esta historia, hoy el café se produce mayoritariamente por pequeños propietarios ya que cerca del 90 por ciento de los productores poseen superficies menores a cinco hectáreas, buena parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas y están organizados en cientos de cooperativas. Las regiones cafetaleras son de las más ricas y diversas en flora y fauna, por lo que se consideran áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con el registro del Padrón Nacional Cafetalero (PNC), de la Secretaría de Agricultura, el cultivo del café en México en el ciclo 2011-2012 lo realizaron 542 mil productores en 762 mil hectáreas. Aproximadamente 80 por ciento de la producción de café se destina a la exportación.

México ha liderado la producción de café orgánico en el mundo. Aproximadamente unos 128 mil pequeños productores de cooperativas indígenas producen café orgánico bajo sombra en unas 350 mil hectáreas, de los cuales unos 78 mil lo hacen bajo reglas de certificación. El café orgánico se exporta a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Holanda y Japón.

En México la producción de café orgánico no sólo ha tenido una expansión extraordinaria. También ha estimulado tanto la investigación científica como la organización de los pequeños productores en cooperativas y en uniones regionales y estatales, y ha dado lugar a discusiones acerca de lo que realmente es una estrategia agroecológica en la cafeticultura. La discusión lleva como aspecto clave las diferentes modalidades que existen de producir café, desde los sistemas agroforestales bajo sombra, hasta el sistema agroindustrial de monocultivos a pleno sol.

Hoy existen en el país varios centros académicos en los que de una u otra forma se adopta el “paradigma agroecológico” en la cafeticultura, tales como la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el Instituto de Ecología en Veracruz y Ecosur en Chiapas. A lo anterior deben sumarse las iniciativas de investigación que cada cooperativa cafetalera tiene, especialmente las más grandes y consolidadas, como la Tosepan Titataniske, en Puebla; la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), en Oaxaca, y la Unión Majomut, en Chiapas. Finalmente, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), una red de 126 organizaciones independientes que agrupa a unos 75 mil pequeños productores de café, mayoritariamente indígenas, promueve la producción orgánica y participa activamente en las resistencias, tanto a nivel nacional como internacional, pues forma parte de Vía Campesina (ver: www.cnoc.org).

Los productores mayas de miel. La Península de Yucatán, donde más de la mitad de sus habitantes son indígenas mayas, ha sido y es la región más importante de México en cuanto a producción de miel. Desde la época prehispánica, los antiguos mayas aprovecharon la miel y cera mediante el cultivo de las abejas nativas sin aguijón (Melipona beecheii) llamada en maya Koolelkab o Xuna ́ankab que quiere decir “la diosa de la miel”. Las abejas europeas (Apis mellifera) fueron introducidas en la región hacia principios del siglo XX y cultivadas principalmente por empresarios privados. Como sucedió con el café, la apicultura fue gradualmente adoptada por las comunidades mayas y hacia mediados del siglo pasado dominaban ya en número de productores. Hoy existen en la región unos 40 mil apicultores organizados en 162 cooperativas, según datos de 2009 de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). La miel que es producida como parte de un sistema productivo campesino basado en la milpa se dedica hasta en un 85 por ciento a la exportación a los países europeos.

Aunque la miel producida orgánicamente apenas la produce un diez por ciento de los productores, se considera que la apicultura es una práctica ecológicamente adecuada porque supone el mantenimiento de las selvas tropicales que en esta porción del país está rebosante de plantas melíferas. Al igual que sucedió con el maíz, la posible entrada de soya transgénica a la región aprobada por el gobierno mexicano fue inmediatamente rechazada por los miles de productores organizados. Una campaña contra la soya transgénica recabó 63 mil firmas y dos demandas jurídicas terminaron de manera exitosa al haberse dictaminado el freno de la soya producida por las corporaciones biotecnológicas. Todo ello contribuyó a que el gobierno del estado de Yucatán declarara a esa entidad territorio libre de cultivos transgénicos y adoptara a la agroecología como método para la generación de alimentos.

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