Los centros de detención e internamiento de Actopan, Pachuca, Tula y Tulancingo, en el estado de Hidalgo, presentan situaciones de riesgo que pudieran constituir violaciones a derechos humanos de los internos.

Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Omar Fayad Meneses para que atienda la situación y prevenga actos que pudieran constituir violaciones a las garantías individuales.

En varias visitas a dichos penales, dentro de las actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CNDH observó que en los cuatro Centros de Reinserción Social existen carencias alimentarias, deficiencias materiales, falta de espacios adecuados y exclusivos para garantizar la estancia digna de las mujeres y sus hijos, sobrepoblación y hacinamiento.

A estas deficiencias se suman la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, condiciones de autogobierno derivadas de la falta de control de las autoridades penitenciarias, así como inadecuada separación y clasificación de los internos.

La recomendación M-04/2016 pide a Omar Fayad, entre otros puntos, evaluar el mantenimiento y equipamiento de los penales, destinar recursos suficientes para que reúnan condiciones de habitabilidad y de higiene, garantizar que todos los internos reciban alimentación tres veces al día con valor nutritivo suficiente, adecuada clasificación y separación de reclusos y la construcción de un centro femenil.

Además, la CNDH le solicita tener personal suficiente de seguridad, vigilancia y custodia para garantizar la disciplina, el orden y la gobernabilidad en los centros de internamiento, con el propósito de erradicar condiciones de autogobierno; la separación de internos de diferentes estatus jurídicos, y que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como actualizar o emitir, en su caso, un reglamento para dichos centros.

En un comunicado, la CNDH señala que la recomendación tiene como antecedente las visitas a los centros, así como los informes iniciales y de seguimiento 4/2012 del mecanismo, en los que se propusieron medidas para mejorar el trato y las condiciones de los reclusos para prevenir cualquier acto que pudiera constituir tortura o maltrato.