Con el respaldo de sus aliados, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados retiró en paquete los dictámenes de reformas a las leyes de trata y tortura, así como el que incluye la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución que busca otorgar al Presidente de la República la atribución de solicitar al Congreso declarar el estado de excepción.

Esa ley, sobre la cual la oposición ha advertido que limitaría libertades como las de manifestación, prensa y reunión, será llevada hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, y de manera paralela con las discusiones de la iniciativa de ley de seguridad interior, que busca dar un marco legal a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

Ayer, durante una conferencia de prensa conjunta con las bancadas de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES) el coordinador priísta, César Camacho Quiroz, explicó que se atenderán las voces que han expresado preocupación por el contenido de su iniciativa de ley de seguridad interior.

Como cualquier proyecto, es perfectible y estamos dispuestos a escuchar, en el entendido de que buscamos eficacia jurídica en el servicio del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pero también queremos salvaguardar los derechos humanos de toda la gente, precisó.

También expuso que hay un déficit al no existir una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Y algo que, por libre, puede ser peligroso, es la no reglamentación. Desde 1942 no hay estado de excepción en México. Nunca se ha echado mano del artículo 29, pero es evidente que al entramado jurídico nacional le hace falta una ley reglamentaria de ese precepto, afirmó.

El legislador priísta también anunció que la minuta del Senado sobre el uso medicinal de la mariguana se abordará hasta el próximo periodo ordinario, que se inicia en febrero de 2017.

Respecto del dictamen a la minuta de los senadores con la ley de trata, dijo que después de una revisión de su contenido, y de la opinión que presentó la comisión especial, se concluyó que de mantener los tipos penales quienes estén sentenciados por ese delito podrían, mediante un amparo, obtener su libertad.

Y estas bancadas no quieren expedir ningún precepto que pueda arriesgar a las víctimas ni dar alguna oportunidad o resquicio para que alguien que hoy está condenado pueda ser puesto en libertad, cuando nos consta la enorme dificultad para investigar y perseguir delincuentes en un ilícito que es uno de los tres de mayores ganancias, junto con el narcotráfico y la venta ilegal de armas, indicó.

Explicó que, al retirarse el dictamen y debido a que con el rechazo de la cámara se termina el proceso legislativo en este tema, la discusión de la reforma partirá de cero y se requerirá de una nueva iniciativa, pero en tanto continúa vigente la Ley de Trata.

Es una buena ley y estamos listos para reiniciar el estudio. Se invitará a gente interesada. El 8 de febrero se realizará un foro en esta cámara para que quienes tengan interés se pronuncien al respecto, refirió.

Asimismo, informó que se retiró el dictamen de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para atender las observaciones del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos respecto de que los cambios a la minuta del Senado serían particularmente regresivos.