En una ruta gradual y verificable, las fuerzas armadas deben volver a las funciones que le son propias, cuando las condiciones lo permitan, propuso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien insistió en que las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de civiles.

Entrega post mortem de premio a Stavenhagen

En la ceremonia de entrega post mortem del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 a Rodolfo Stavenhagen, el ombudsman nacional destacó también el carácter extraordinario de la participación del Ejército en tareas de seguridad, las cuales –dijo– no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como una representación de la sociedad civil, el titular de la CNDH se refirió a la propuesta de varios partidos políticos para dar un marco normativo a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Dijo que cualquier instrumento jurídico que se formule para dar certeza a sus actores necesariamente debe tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, base de los derechos humanos, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que prevé la Constitución.

En su participación, González Pérez se refirió a 2016 como uno de los años más dramáticos y violentos, en el que la criminalidad ha generado un entorno problemático y complejo en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

Señaló que la necesidad y urgencia de proporcionar a la población de algunas regiones del país niveles mínimos de seguridad, ha incidido en presentación de violaciones a los derechos humanos por parte de algunas autoridades.

Pero todo esto, aunado a una percepción generalizada en la sociedad sobre la existencia de impunidad, corrupción, e incumplimiento de la ley, ha debilitado a nuestras las instituciones democráticas y dividido a la sociedad.

Incluso, advirtió que si la criminalidad es hoy uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social.

Por ello, añadió, es preciso atender los puntos críticos que más vulneran el sistema de procuración e impartición de justicia, y que inciden en la percepción negativa que la sociedad tiene de las autoridades y las instituciones.

Consideró que si bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad, así como una mejor y debida persecución de los delitos.

Sólo de esta forma México podrá recuperar la armonía social, la paz, la normalidad en nuestra convivencia cotidiana, que genere el entorno idóneo para el ejercicio y goce de los derechos humanos sin exclusión, sin discriminación y sin intolerancia.