A pesar de las reformas legales en materia de transparencia y el presupuesto que se destina a alentar el derecho de acceso a la información pública, el porcentaje de ciudadanos que alguna vez han realizado una solicitud de datos se redujo a 5.6 por ciento, según el más reciente estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), inferior al 6 por ciento que había hasta hace dos años.

De los solicitantes, uno de cada cuatro no obtuvo la información requerida a las instancias consultadas.

En el estudio presentado al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se revela que, con independencia de que hayan realizado una solicitud de información, sólo 18.7 por ciento de los ciudadanos estarían interesados en hacer una petición, porcentaje que se reduce a 16.7 por ciento en el caso de quienes residen en la región sureste del país.

En este último renglón, las causas por las que pese a tener la intención de hacerlo no lo han efectuado, el sondeo señala que 36.2 por ciento no lo hicieron por falta de tiempo; 38.8 por ciento porque no había necesidad, y 21 por ciento por desconocimiento.

El comportamiento ciudadano respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información en 2016 se da en un contexto en el que la inversión en materia de transparencia, tan sólo para financiar la operación de los 33 órganos garantes que hay en el país, oscila en torno a mil 814 millones de pesos.

En paralelo, 2016 fue un año de consolidación del SNT mediante la entrada en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia y el complemento del proceso de adecuaciones legales a escala estatal para apuntalar el derecho de acceso a la información pública.

En el desglose del tipo de requerimientos de información, 50 por ciento está relacionada con datos sobre trámites, requisitos y formatos de gobierno; 19.7 con educación y programas sociales; 9 por ciento con remuneración y gasto publico, y 2.9 por ciento con seguridad pública.

La encuesta considera además que en los casos en los que las dependencias de gobierno no entregaron la información solicitada, en 44 por ciento el peticionario ya no hizo nada; en 22.2 por ciento insistió con otra solicitud, y sólo en 19 por ciento interpuso un recurso para lograr el acceso a la información requerida.

La sesión, en que se presentó el estudio donde se desglosan inconsistencias en el funcionamiento de los organismos garantes y se plantean diversas herramientas para promover el derecho de acceso a la información, generó inconformidad entre los representantes de las instancias estatales.

Reclamos

La representante de Veracruz, Yolli García, aseveró que se hace un conjunto de señalamientos de faltantes que tenemos frente a la sociedad, pero no sobre los faltantes que tienen los congresos federal y estatales con los órganos garantes que, además, es por disposición legal.

García cuestionó que se hayan presentado estudios realizados cuando aún no ha sido completado todo el proceso de adecuación de leyes y sin que exista la suficiencia presupuestal para cumplir con los compromisos que se desprenden del marco legal.