La ley contra la desaparición forzada de personas quedará pendiente en el Senado hasta el próximo periodo de sesiones de febrero, ya que faltaron algunos puntos por consensuar con el gobierno federal y las organizaciones y colectivos de víctimas de ese delito.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que esta semana se reunirán con organizaciones sociales para plantearles la intención, que es trabajar en conjunto con los diputados, a fin de que el dictamen que se apruebe tenga el consenso de las dos cámaras.

Explicó que se trata de una ley nueva, creada a partir de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto –luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa– y de diversas propuestas, entre ellas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que recoge además la normatividad de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

La legislación incluye mecanismos nuevos, y por ello a los integrantes de las comisiones dictaminadoras nos parece necesario que legisladores de ambas cámaras atiendan las inquietudes de los familiares, para ir en la misma línea.

Les pareció riesgoso, dijo, aprobar un dictamen de forma acelerada la próxima semana y mandarlo a la Cámara de Diputados, donde podría quedar congelado varios meses, como ha pasado con otras minutas relativas a derechos humanos.

De ahí la intención, detalló, de que senadores y diputados de las comisiones dictaminadoras revisen durante todo enero artículo por artículo de la ley para llegar al próximo periodo con un documento acordado que pueda transitar de inmediato en las dos cámaras y se turne al Ejecutivo Federal.

La senadora perredista explicó que han tenido meses de trabajo intenso sobre el tipo penal para sancionar desaparición forzada, quedó listo y de hecho sólo falta por acordar la estructura de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, así como las comisiones estatales.

No es fácil construir esa parte, que tiene que ver con las competencias de ese órgano. Por ejemplo, la comisión nacional va a depender de la Procuraduría General de la República, las estatales y las fiscales locales en cada entidad.

El problema está, señaló, en éstas últimas, ya que los colectivos de víctimas tienen gran desconfianza, comprensible, justificable sobre las policías estatales y municipales, y no están de acuerdo en que sean las responsables de la búsqueda de desaparecidos, dado el papel que han jugado en el caso Ayotzinapa y en muchos otros.

Es un punto, subrayó De la Peña, que se discutirá a fondo con las organizaciones.