Las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, de que las fuerzas armadas se desnaturalizan al participar en labores de seguridad pública, son una muestra clara del malestar que han causado en el Ejército los 10 años de guerra contra el narcotráfico, pero la solicitud de un marco legal para actuar en estas tareas demuestra al mismo tiempo que no piensan volver a los cuarteles, señalaron organizaciones civiles.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, consideró que los dichos de Cienfuegos Zepeda reflejan el gran desgaste que hay, sobre todo dentro del Ejército, porque el gobierno de México e incluso el de Estados Unidos confían más en la Marina.

Sin embargo, las críticas del divisionario a la estrategia de militarizar la seguridad pública se contraponen con la petición al Congreso de que los doten de un marco jurídico para seguir realizando estas labores, lo cual sólo puede entenderse como una forma de legitimar y justificar los posibles excesos en que caigan los soldados al patrullar las calles, consideró el activista.

Lo único que trata de hacer Cienfuegos es salvar la situación con un marco jurídico que los legitime. No tienen una verdadera voluntad de retirarse y además en este contexto es imposible que las fuerzas armadas salgan de la lucha contra el crimen organizado, porque la estructura de combate ya depende mucho de ellas, alertó.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que las declaraciones del titular de la Sedena son la aceptación clara del fracaso de la estrategia de seguridad que han implantado los gobiernos federales desde hace casi tres sexenios, en la cual se le declaró la guerra al crimen organizado.

Su expresión es una síntesis de lo que no debió de haber sucedido, pero no sólo debe hacerse el reclamo, sino también un balance de las violaciones de derechos humanos, de las cuales hay responsables directos de ejecuciones y desapariciones que han quedado en la impunidad, aseveró.

“En su momento, el Ejército también avaló esta política (de militarización de la seguridad pública). Desde los años 70 ha tenido una actuación sistemática de violaciones de derechos humanos que ahora se acrecentaron con la lucha contra el narco. Ahora deben rendir cuentas en vez de pedir un marco legal a modo, como si estuvieran por encima de las leyes”, enfatizó.