Moscú.

El Kremlin cierra este año –el peor de la relación de Rusia con Estados Unidos y la Unión Europea en los 17 años en que Vladimir Putin ha estado al frente de este país, marcada por severos desencuentros como, entre otros, la prolongación de las sanciones por su política en relación con Ucrania y las acusaciones de haber cometido presuntos crímenes de guerra en Siria– con la entrada en vigor de un documento programático que define los criterios a tener presentes a la hora de formular su política exterior.

La nueva Concepción de Política Exterior, de reciente aprobación, sustituye la vigente desde 2013 y, tras ratificar el apego a principios básicos del derecho internacional, proclama que Rusia está preparada para hacer frente al incremento del uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados.

La intensificación y modernización del potencial de fuerza, la creación y el despliegue de nuevos tipos de armamento afectan la estabilidad estratégica y representan una amenaza para la seguridad global, la cual sirve de base para el sistema de tratados y acuerdos en materia de control de armas, puntualiza.

Los autores del documento no creen que las actuales discrepancias puedan propiciar una hecatombe nuclear, pero están conscientes de que la confrontación es muy peligrosa y a nadie beneficia. Aseveran: No obstante que sigue siendo muy poco probable una devastadora guerra en todas sus dimensiones, incluida la nuclear, entre los principales países, aumenta el riesgo de que se involucren en conflictos regionales y ello conduzca a la escalada de las crisis.

En el ámbito económico se convierte en prioridad la defensa de los intereses de las empresas rusas en el mundo, al afirmar que se prestará todo el apoyo del Estado a su entrada a nuevos mercados y consolidación en los tradicionales, y se procurará contrarrestar la discriminación a los inversionistas y exportadores rusos.

Especial interés representan los capítulos dedicados a la relación de Rusia con Estados Unidos y los países de Europa, miembros tanto de la Unión Europea como de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Desde la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, Moscú –con mucho más cautela después de la euforia inicial– espera que la llegada del republicano a la Casa Blanca se traduzca en una mejoría de la relación bilateral, aunque advierte sin ambages:

Rusia no reconoce el empleo extraterritorial que hace Estados Unidos de su jurisdicción en contra del derecho internacional, no acepta los intentos de ejercer presión política, económica, militar o de otro tipo, y se reserva el derecho de responder con dureza a las acciones hostiles, por medio del fortalecimiento de su defensa nacional y de adoptar medidas equivalentes o asimétricas, entre otras.

Reitera que el sistema global antimisiles que despliega Estados Unidos, en particular sus componentes en Europa del este cerca de su frontera, constituye una amenaza a la seguridad nacional de Rusia y, tras subrayar que adoptará las decisiones que considere adecuadas para neutralizar ese riesgo, anuncia que no habrá nuevas negociaciones de reducción de armamento estratégico hasta que se tomen en cuenta todos los factores que inciden en la estabilidad estratégica global.

Tampoco está de acuerdo Rusia con la expansión de la OTAN, sobre todo con la aproximación de su infraestructura militar a la frontera rusa y con el aumento de su actividad militar en regiones colindantes con Rusia. Para Moscú, la OTAN realiza acciones que violan el principio de seguridad igual e indivisible y conducen a ahondar las viejas líneas divisorias en Europa, así como a crear nuevas.

Apuesta, sin embargo, a que las diferencias de opinión al interior de la Unión Europea, y el posible triunfo electoral de dirigentes más proclives a reanudar los contactos económicos y comerciales con Rusia, puedan contribuir a levantar la política de sanciones, la cual –a su vez– origina el embargo ruso a los productos agropecuarios europeos.