omo si fuera un acto de magia, los conejos no dejan de salir de la chistera, y lo que para un público infantil podría ser un acto asombroso o gracioso se torna terrorífico para la nación cuando se sabe que de ese sombrero no brotan animalitos de cuatro patas, sino de dos, conocidos como gobernadores, que se dedican a devastar a sus respectivos estados.

No termina de evaluarse el monumental atraco cometido por Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua) y demás (el inventario es inagotable), cuando otro conejo (la analogía es válida) brota de la chistera de la corrupción: el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, quien casi tres meses atrás concluyó su periodo constitucional y a partir del pasado 29 de noviembre se convirtió en director general de Fonatur (una fuente inagotable de recursos y negocios turbios), por cortesía del inquilino de Los Pinos.

La Jornada Zacatecas informa que Alonso encabezó una red de funcionarios que desviaron recursos en el estado a través de 24 empresas fantasmas, que desviaron (léase robaron) y lavaron cerca de 308 millones de pesos del erario estatal, aunque esto puede sólo ser la punta del iceberg. El mecanismo fue similar al utilizado por Javier Duarte en Veracruz, y estarían involucrados los ex secretarios de Infraestructura, Mario Rodríguez Márquez y José Francisco Ibargüengoitia, y el ex secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República.

Todos los citados también son ejemplos del nuevo PRI (Peña Nieto dixit), aunque Miguel Alonso podría decir –como el alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, Layin– que, comparados con los tiburones de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, él y su banda robaron poquito.

Quedarán muchos nombres en el tintero, pero a bote pronto la memoria aporta personajes como los ex gobernadores Tomás Yarrington (Tamaulipas), Luis Reynoso Femat (Aguascalientes), Humberto y Rubén Moreira (Coahuila), Fidel Herrera Beltrán (Veracruz), Arturo Montiel (estado de México), Andrés Granier (Tabasco), Amalia García (Zacatecas). Angel Aguirre Rivero (Guerrero), Rodrigo Medina (Nuevo León), Guillermo Padrés (Sonora), Jorge Herrera Caldera (Durango) y Gabino Cué (Oaxaca), entre muchos más.

Salvo algunos contados casos, prácticamente nadie ha terminado en chirona. Y desde luego que la aterradora banda de saqueadores de la nación (en la que participan asaltantes de todo tipo de filiación partidaria) no se limita a los ex gobernadores, sino que incluye a los mandatarios en funciones. Recuérdese que recientemente la Auditoría Superior de la Federación advirtió que se ha detectado uso indebido de recursos y a gobernadores con responsabilidades claras. Hay denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República contra al menos 15 gobiernos estatales, en los cuales se ha encontrado uso indebido de recursos.

Así es: casi la mitad, cuando menos, de los gobernadores en activo están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación, mientras las finanzas estatales languidecen a la par que se incrementa el saldo de la deuda pública de las entidades, o si se prefiere la denominada deuda sub nacional, que alcanza niveles históricos.

De hecho, en sólo un sexenio la nueva generación de gobernadores incrementó la deuda subnacional en alrededor de 70 por ciento, al pasar de 314 mil millones de pesos en diciembre de 2010 a 536 mil millones en septiembre pasado. Eso en el global, pero hay casos verdaderamente espeluznantes.

Uno de ellos es, precisamente, el de Miguel Alonso, quien –de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda– recibió el gobierno zacatecano con una deuda pública de 682 millones de pesos. Seis años después, al fin de su mandato, el saldo se acercó a 8 mil millones, un incremento de casi mil 100 por ciento en el periodo, y la entidad se mantuvo en el suelo.

Javier Duarte heredó de Fidel Herrera Beltrán una deuda de 21 mil 500 millones de pesos (durante su mandato, el ahora cónsul en Barcelona aumentó 500 por ciento el saldo del débito) y después de que robó, huyó y no lo pescaron, dicho saldo se aproxima a 45 mil millones. Y Veracruz es una entidad depauperada.

Los hermanos coraje (Humberto y Rubén Moreira, a quien le resta un año de gobierno) no han dejado piedra sobre piedra, y de 2005 (año en que tomó posesión el maestro bailador) a la fecha el saldo de la deuda pública estatal se incrementó la friolera de 11 mil 500 por ciento, al pasar de 323.2 millones de pesos a 37 mil 343 millones (hasta septiembre pasado), de acuerdo con las cifras de Hacienda. ¿Y el desarrollo de Coahuila? Prófugo, como el de la nación.

Qué decir de los ejemplares priístas (de los nuevos) César Duarte y Roberto Borge, quienes atracaron a sus respectivos estados a manos llenas (banco incluido), al tiempo que sacrificaron el futuro de varias generaciones de chihuahuenses y quintanarroenses, porque incrementaron el saldo de sus deudas en 300 y 122 por ciento, en cada caso.

Ejemplos sobran, como el de Rodrigo Medina, que aumentó 240 por ciento el débito público de Nuevo León, proporción similar a la de Gabino Cué en Oaxaca. Más mesurado, Guillermo Padrés, hoy enchiquerado, lo duplicó en sus seis años de gobierno.

Aparte de lo citado están los jugosos negocios de los gobernadores y ex gobernadores, en los que participan toda la parentela y sus amigos, constituyendo así uno de los segmentos del crimen organizado dentro de la esfera del poder político. Y tan impunes se sienten que a estas alturas roban descaradamente, casi a la vista de todos, y cuando alguien los señala de inmediato acusan que se trata de una campaña en mi contra.

En los últimos 23 años la deuda de los estados se ha incrementado en cerca de 3 mil por ciento, o si se prefiere a un ritmo anual promedio de 130 por ciento, en un país cuya economía a duras penas crece 2 por ciento.

De ese tamaño es el negocio de la deuda de los estados y de quienes la manejan. Pero, como siempre, nadie se da cuenta y nadie denuncia. Y parece que es así, por la sencilla razón de que todas las instancias políticas y judiciales que deberían hacerlo también participan en el negocio, y así ningún país tiene futuro.

Las rebanadas del pastel

Qué bueno que la canciller Claudia Ruiz Massieu esté tranquila, porque descubrió que no hay ley que obligue a México a pagar el muro de Trump. Felicidades, pero es claro que el energúmeno no tiene la mínima intención de pedir permiso.

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