Al entrar en una segunda fase más intensiva de la aplicación de la reforma energética, Petróleos Mexicanos está dispuesta al cumplimiento de sus obligaciones de hacer transparentes todos sus procesos de alianzas, contratos y recursos obtenidos producto de su nueva condición de buscar la rentabilidad de la empresa, aseveró su director Jurídico, Jorge Kim. Sin embargo, dijo, es necesario acotar sus alcances tanto para no dar ventajas a sus competidores como para no poner en riesgo la seguridad nacional.

Durante el foro Filiales y subsidiarias de Pemex y CFE. Obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, el funcionario dijo que la actividad de Pemex entra en un parteaguas ante un sector energético que se abre a la competencia y sobre lo cual, sin duda, la sociedad quisiera conocer muchas cosas por tratarse de una empresa productiva del Estado. Hoy se trata de que todos los proyectos de Pemex sean rentables y las empresas subsidiarias y filiales contribuirán para ese fin.

En su intervención durante el foro, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Miriam Grunstein, celebró los anuncios realizados la víspera de mayor coparticipación de Pemex y otras empresas. Sin embargo, dijo, para que esos avances realmente trasciendan en beneficios sociales, es necesario dar seguimiento a toda la cadena de operación de la empresa.

En este sentido, ejemplificó, surgen cuestionamientos sobre por qué Pemex, en su momento, no participó en las rondas para realizar proyectos en aguas someras bajo el argumento de no contar con recursos para la inversión. Y la pregunta es cómo ahora sí tiene Pemex para participar en la exploración y extracción en aguas profundas, que requieren mayor inversión.

Grunstein dejó claro que la transparencia en la apertura energética es fundamental, pero no es una gestión que sea de corto plazo, sino un seguimiento que puede oscilar entre 15 y 35 años, de acuerdo con el tipo de proyectos que se pretenden llevar a cabo. Es necesario saber cuáles serán las contribuciones a Hacienda, al Fondo Mexicano del Petróleo, cómo se van a redistribuir, dar seguimiento al recurso para determinar si realmente hay inversión con impacto social.

Para la comisionada del Inai, Areli Cano, la transformación jurídica que registró Pemex y su nuevo carácter de empresa productiva del Estado obliga a una mayor transparencia y rendición de cuentas, que permitan legitimar su actuación. Esta condición no abarca solamente a Pemex, sino a todas las empresas filiales y subsidiarias.