Para adecuar la estructura presupuestal y asumir el recorte de 300 millones de pesos que la Cámara de Diputados determinó al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Temporal de Presupuesto conoció la propuesta de que la distribución, en términos generales, será de 209 millones de pesos al presupuesto base –repartido en las diversas áreas del organismo– y 90.5 millones de pesos mediante la postergación de proyectos especiales que tenía previsto realizar en 2017.

Durante una reunión de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, el director ejecutivo de administración, Bogart Montiel, dio a conocer que el mayor impacto podría absorberlo el Registro Federal de Electores –por cierto la dirección con mayor presupuesto en el INE– con una repercusión en su gasto de 116 millones de pesos.

De acuerdo con la explicación que el funcionario ofreció a los consejeros que integran la comisión, la reducción presupuestal se daría paulatinamente a lo largo del año en las áreas. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños, quien preside la Comisión Temporal, señaló que el ajuste al gasto del INE no tendría repercusión en ninguno de los programas relacionados con la organización de las elecciones de 2017 ni para el arranque del proceso electoral federal de 2018, que formalmente empezará en el último trimestre del próximo año.

Sin embargo, tras la explicación afloraron los diferendos en relación con la forma de repercutir el recorte, luego de que el representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, solicitó que el organismo redujera las partidas que destina al denominado capítulo 1000, que –aseveró– es utilizada como cochinito para financiar otros rubros.

En respuesta Baños le recordó que como parte del capítulo 1000 que ejerce el INE están los salarios que se pagan al personal de las diferentes representaciones partidistas. De nueva cuenta, Gárate reviró la alusión: el pago al personal de los partidos representa 70 de los 7 mil millones de pesos que para el caso ejerce el INE.

De acuerdo con el organismo, si bien el recorte de 300 millones de pesos es elevado y puede ser manejable, también quedó claro que en la reasignación presupuestal fue el organismo autónomo con mayor ajuste en su gasto e incluso, en sentido contrario al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo un incremento en su gasto.