El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso la segunda acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma que amplió las gestiones de cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La presentación del documento, suscrito por la presidenta nacional del partido, Alejandra Barrales, corrobora las divisiones internas en el sol azteca. La impugnada reforma tuvo respaldo de senadores perredistas, pero no de los diputados.

Recibido el viernes en la SCJN, el escrito es el segundo que se presenta contra la reforma; el primero fue de Morena y ya fue admitido.

De llegar al pleno, serán necesarios ocho votos favorables de los 11 ministros para declarar la invalidez de dichas normas, según el artículo 105 de la Constitución.

Ley de cuates y cuotas

Se ratifica así el panorama legal incierto que enfrentan cuatro de los siete magistrados de la sala superior, quienes rindieron protesta en dos ocasiones en el Senado, porque la norma se modificó en un proceso conocido como ley de cuates y cuotas.

Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez fueron electos originalmente para seis años y fungirán ocho para concluir el 31 de octubre de 2024, mientras Indalfer Infante y José Luis Vargas fueron designados por tres años, pero estarán en sus cargos por siete, hasta el 31 de octubre de 2023.

Barrales enumera seis motivos por los cuales se debe invalidar esta norma. Uno es que viola el principio de renovación escalonada de los integrantes de órganos electorales: Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como de las salas superior y regionales del TEPJF.

Desde la perspectiva del PRD, otro hoyo legal consiste en la modificación de un artículo transitorio que había cumplido su función y ya no se encontraba vigente al momento de ser reformado.

Señala que esta ley es retroactiva y viola el principio de igualdad y el derecho a acceder a cargos públicos de quienes hubiesen aspirado a ser magistrados por los periodos que restaban.

Otro aspecto ilegal, según los perredistas, es que viola la división de poderes, porque el Congreso de la Unión alteró, de manera unilateral, un nombramiento que involucra a dos poderes de la Unión, incluyendo a la SCJN.

Además, aseguran que viola el derecho ciudadano de contar con jueces que sean y aparenten ser independientes, según sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.