México será sometido mañana (lunes) a un nuevo examen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la problemática de los desaparecidos y los desplazados internos, entre otros puntos.

Esta vez, la sesión del organismo regional será en Panamá (regularmente se celebran en Washington) y acudirán funcionarios mexicanos para exponer la situación y acciones ante aspectos vinculados con la inseguridad y la violencia.

El corte estadístico más reciente (31/10/16), divulgado esta semana por la Secretaría de Gobernación (SG), revela la existencia de 28 mil 937 expedientes de personas no localizadas, cuya investigación corresponde a procuradurías y fiscalías estatales. Hay 639 casos ocurridos hace casi una década; 236 anteriores a 2007, y 429 de los cuales se desconoce incluso la fecha exacta de la desaparición o ausencia.

A los 28 mil 937 asuntos del fuero común deben sumarse 966 del fuero federal, es decir, a cargo de la Procuraduría General de la República.

Los 29 mil 903 expedientes de personas no localizadas representan 6 mil 300 más de los registros de hace dos años (octubre 2014), según datos compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SG (www.secretariadoejecutivo.gob.mx).

Apuntalar el dictamen de la ley

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, mencionó que la información entregada a la CIDH, tanto por el gobierno como por organismos civiles, servirá –entre otros propósitos– de manera positiva para apuntalar la aprobación de la ley de desaparecidos, actualmente en proceso de dictamen en el Senado, aunque sin muchas esperanzas de lograr su autorización, porque el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre.

Hay dos puntos que no han logrado consenso, según opinión de legisladores: la clasificación de persona desaparecida en seguida de que se reporte el hecho (así lo piden grupos civiles) y detallar los alcances y mando de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Campa dijo que el gobierno ofrecerá un planteamiento general del tema de desaparecidos; la importancia de la aprobación de la ley, así como el combate a las cadenas de impunidad, objetivos de la estrategia en general y de casos particulares como Ayotzinapa, Guerrero, y Tierra Blanca, Veracruz. Sólo así podremos darle la vuelta (solucionar) a esta problemática.

Recuentos históricos

Para el gobierno federal la precisión de conceptos y cifras ha resultado siempre polémica; los funcionarios suelen argumentar que se trata de recuentos históricos y que hay un porcentaje amplio de personas localizadas –especialmente migrantes–, pero los familiares no lo hacen del conocimiento de la autoridad.

Estamos trabajando en una ley que dé certidumbre a la información, pero sobre todo a la exigencia de los colectivos, de los familiares, de garantizar una búsqueda oportuna, o sea, activar todas las alertas para que en las primeras horas se puedan llevar a cabo las búsquedas de manera efectiva, comentó en entrevista.

Otro de los objetivos es estructurar un sistema nacional de búsqueda y actuar eficazmente, con protocolos certificados, en las 72 horas posteriores al suceso.

Sesiones públicas

En Panamá, México tendrá básicamente cuatro sesiones públicas temáticas: transgénicos en la Península de Yucatán; asuntos laborales; desaparición de personas y, la cuarta, desplazados internos, tema en el cual se prevé la participación de un organismo noruego que ha indagado sobre el particular.

Habrá encuentros privados sobre el conflicto agrario Zimatlán y Nopalera (Oaxaca), y otra relacionada con una solución amistosa en un asunto de negligencia médica en Sonora.