Durango, Dgo.

El Poder Judicial de la Federación negó un amparo al ex gobernador Jorge Herrera Caldera (2010-2016), solicitado el pasado 8 de noviembre, así como a 24 ex funcionarios de su gobierno, tras las irregularidades encontradas por la nueva administración durante el proceso de entrega-recepción.

El recurso legal fue promovido contra una posible orden de aprehensión un día después de la vinculación a proceso de la ex subsecretaria de Egresos Leonor Rodríguez, acusada de no mostrar información relacionada con el gasto público.

De acuerdo con el apartado Estadística Judicial de la página www.cjf.gob.mx, en el vigesimoquinto circuito, con sede en Durango, no procedió la protección de la justicia federal que promovió Herrera Caldera, con expediente 1195/2016.

Trabajadores del Poder Judicial, quienes omitieron su identidad, señalaron que a varios ex colaboradores también se les negó el amparo, aunque no precisaron nombres.

En tanto, durante la semana que concluyó la Secretaría de la Contraloría estatal llevó a cabo audiencias a las que fueron citados los ex secretarios con el fin de que aclaren las observaciones realizadas a sus áreas; sin embargo, ninguno acudió y sólo enviaron representantes legales.

Marcos Cruz Martínez, secretario de Desarrollo Social estatal, indicó que la pasada administración destinaba más dinero para pagar a líderes sociales que para programas de apoyo social. Entre ellos, sostuvo, está Miguel Ángel Ruano, presidente desde hace seis años de la Asociación Estatal de Padres de Familia, a quien al mes le entregaban 65 mil pesos, sin necesidad de comprobar los gastos.

Especificó que dicho líder se llevó 770 mil pesos anuales durante el pasado sexenio, es decir, 4.5 millones de pesos libres. Así como él, otros dirigentes recibían al mes al menos 20 mil pesos, con el fin de evitar tomas de oficinas y movilizaciones contra las autoridades estatales.

Durante el proceso de entrega-recepción de la administración estatal, el actual secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, declaró que hubo ‘‘rebeldía’’ de las autoridades salientes, quienes se negaron a proporcionar información referente a nóminas, pagos, gastos y deudas, y ahora se conocen múltiples irregularidades.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también hizo observaciones al gobierno de Herrera Caldera por más de 4 mil millones de pesos y por el monto de su deuda pública, que supera 15 mil millones de pesos.