El número de personas desaparecidas en México no baja, por el contrario, en un trimestre se abrieron 465 expedientes más, respecto del corte de julio pasado.

El informe oficial más reciente en torno a esta problemática, difundido ayer, se refiere a la existencia de 28 mil 937 expedientes de personas no localizadas, como se denomina a las denuncias de familiares que buscan a sus seres queridos, cuya investigación y/o esclarecimiento están a cargo de las procuradurías y fiscalías estatales. Este ámbito es el relativo al fuero común.

Aparte está el fuero federal, de responsabilidad en la investigación y el esclarecimiento de la Procuraduría General de la República, ya sea porque se decidió que era necesario atraerlos a este ámbito por la gravedad de los sucesos (expediente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, por ejemplo) o porque se presume que las desapariciones son consecuencia de la operación de grupos criminales.

A finales de 2014, los datos compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación mostraban una suma de 23 mil 603 personas en esa condición, tanto del ámbito local como del federal.

Ahora, dos años después y justo el día en que se cumplen cuatro años de este sexenio, hay 5 mil episodios más.

Funcionarios de Gobernación, secretaría responsable de la estrategia de seguridad del país, han ponderado la necesidad de depurar la lista; en muchas ocasiones, afirman, familiares reportan la desaparición pero no vuelven a las procuradurías a notificar la reaparición.

Esta situación, acorde con declaraciones de servidores públicos, ocurre frecuentemente con jóvenes que salieron de su casa por algún conflicto familiar, personas de la tercera edad e incluso migrantes cuyo paradero se desconoce en el exterior.

No obstante, más allá de las causas, prácticamente todas las entidades muestran aumento en el número de casos, contenciones o mínimas reducciones.

Tamaulipas sigue siendo la entidad con el mayor número de casos, con 5 mil 563, tres más que en el corte trimestral anterior (mayo-julio 2016), equivalente a una quinta parte del total nacional.

Más abajo, en el rango de más de 2 mil y menos de 3 mil personas no localizadas se ubica el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.

De mil a 2 mil, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla y Sonora; por el lado opuesto, de menor incidencia en este asunto, menos de 100 expedientes, se encuentra Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

En los casos a cargo de la Procuraduría General de la República, Guerrero está a la cabeza, con 272 pendientes, seguido de Veracruz, con 184.

Las variaciones a la baja son mínimas; en cambio, persiste casi el mismo número de expedientes viejos. En el fuero común hay 236 personas sin localizar de historias anteriores al año 2007; 639 de dicho año y 429 carpetas en las que no hay datos siquiera que den certeza del año de desaparición. En el ámbito federal son 65 en esa condición.

Así, actualmente hay mil 369 sucesos con rezago de casi una década, lapso en el que por diversos motivos –no detallados en la estadística– persisten los casos sin esclarecer.

Hace dos años, por ejemplo, la situación era parecida, con un rango de mil 746 casos de 2007, anteriores o no especificados, cuya indagatoria sigue vigente, al menos formalmente.