Organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y académicos exigieron en el Senado que la elección del titular de la Fiscalía General de la República se haga de forma transparente y seria, ya que se trata del nombramiento más importante de los tiempos recientes y se debe garantizar que el nuevo fiscal tenga absoluta independencia del Ejecutivo federal.

No queremos un Senado doblegado o sesgado por sus propios intereses partidistas, señalaron en un documento signado por más de 150 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Artículo 19 y Colectivo Fiscalía que Sirva, que ayer entregaron a legisladores de PAN, PRD y PT.

Insistieron en que la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República no debe ser ficticia, y el nombramiento del titular tampoco debe ser a modo.

Demandaron que se reforme el artículo 102 constitucional, con el propósito de que el personal de la PGR no pase automáticamente a la fiscalía, sino que todos los funcionarios y servidores públicos que ingresen al nuevo organismo aprueben un concurso de oposición y demuestren tener méritos para laborar ahí.

En cuanto a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, solicitaron que se dé inicio a un debate público y se realice un proceso minucioso, debido a que los cambios superficiales tendrían un costo político y consecuencias muy difíciles de revertir en términos de impunidad.

Esta es una de las reformas institucionales más grandes del país. El costo de no hacer bien las cosas nos llevaría 20 años de retraso en el combate a la corrupción y la impunidad, que el país no soportará.

Layda Negrete, especialista en el tema, resaltó que las reformas que se realizarán en el Senado, además de garantizar la transparencia en la designación del fiscal, deben especificar las facultades que tendrá la institución responsable de impartir justicia para que opere con autonomía y eficiencia.

Los senadores Armando Ríos Piter (PRD), Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo (PAN), Layda Sansores (PT) y la independiente Martha Tagle, coincidieron en que se debe legislar a fondo y llevar a cabo una profunda reingeniería en la procuración de justicia del país para evitar que los vicios con los que actúa la PGR se trasladen a la nueva fiscalía.

Romero Hicks expuso que, de acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 54 por ciento de los mexicanos desconfían de la PGR, lo que resulta un dato alarmante.

Por ello es necesario que en la conformación de la Fiscalía General participe la ciudadanía libre, plural, crítica, informada, propositiva y comprometida que quiere un mundo mejor.

Su compañero de bancada, Ernesto Ruffo, se congratuló por la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de la nueva fiscalía.