golpe de bala y macana, Felipe Calderón y sus entonces secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del Trabajo, Javier Lozano, rompieron y desalojaron la huelga minera en Cananea, Sonora, al tiempo que en Coahuila sellaron Pasta de Conchos para proteger y beneficiar a uno de sus patrones, el tóxico empresario minero Germán Larrea.

Ello sucedió más de seis años atrás, el 7 de junio de 2010, cuando en la histórica población la Policía Federal –con apoyo de la estatal y la municipal– rompió huesos y abrió cráneos de los trabajadores cuya única exigencia era la mejoría en sus condiciones laborales y de seguridad, mientras en Pasta de Conchos –donde murieron 65 mineros, de los que 63 siguen sepultados bajo miles de toneladas de escombros– directivos de Grupo México tomaron las instalaciones de la mina, escoltados por la policía de Coahuila cuyos integrantes procedieron igual que en Cananea.

Al día siguiente de la represión, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de Felipe Calderón y abogado corporativo de Germán Larrea (concesionario éste de las minas asaltadas por la Policía Federal y cuerpos afines) salió a decir que nada sucedió y que al final de cuentas el reporte era saldo blanco. Poco más de un mes después, cumplido el encargo de su patrón, el abogánster dejó Bucareli y regresó a su despacho privado.

Más adelante Javier Lozano se acomodó en el Senado de la República, García Luna dedica su tiempo a lo que le encanta (los negocios turbios) y Felipe Calderón –ahora vestido de mujer– quiere regresar a Los Pinos. ¿Y Larrea? Impune, más rico que nunca y regando tóxicos por donde pisa, como sucedió en agosto de 2014 en la propia mina Cananea, renombrada Buenavista del Cobre a raíz de la represión del 7 de junio de 2010.

Con el cambio de administración gubernamental (Enrique Peña Nieto llegó a mover a México) nada se investigó, nada sucedió, pero ahora el inquilino de Los Pinos debe responder por las barbaridades de Felipe Calderón y amigos que lo acompañaron en la represión de Cananea.

La Jornada informó así: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno de México deberá responder en un plazo máximo de tres meses sobre las violaciones y actos ilegales cometidos contra los trabajadores de Cananea, al despedir a 832 por supuestas causas de fuerza mayor, por las que interpuso una denuncia el Sindicato Nacional de Mineros (Patricia Muñoz).

La resolución de dicho organismo, vinculante y obligatoria, señala que este gobierno deberá dar respuesta a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y laborales que presentó el gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia el 4 de enero del 2012, hace casi cinco años. Señala que si bien dichas violaciones fueron cometidas en el gobierno de Felipe Calderón, corresponde al Estado mexicano dar respuesta a las mismas por parte de su titular en turno, es decir, la administración de Enrique Peña Nieto (ídem).

Destaca, también, que “el actual gobierno tendrá que manifestar a la CIDH si fue legal la terminación de las relaciones de trabajo de los 832 mineros de Cananea, resuelta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en abril de 2009, admitiendo como prueba principal de la empresa una inspección falsa, que no se realizó y bajo la cual en un solo día se dictó un laudo que señalaba que era imposible seguir la relación de trabajo. Incluso se negaron los amparos del sindicato; por la vía rápida se despidió a los mineros y se invalidó el contrato, todo lo cual se alegó como ilegal ante esta instancia internacional, pues la mina se reabrió un mes después y se utilizó a un sindicato charro.

Efectivamente, el 30 de julio de 2007, de forma simultánea, alrededor de 3 mil mineros estallaron la huelga en tres minas concesionadas a Grupo México: Cananea, Sombrerete y Taxco, por las constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene, una exigencia similar a la que el propio sindicato presentó al corporativo mucho antes de que se registrara el homicidio industrial en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.

Nueve años y pico han transcurrido desde el estallido de esas tres huelgas, y la Secretaría del Trabajo no hizo ni hace el mínimo esfuerzo para atenderlas ni conciliarlas. Pero a Larrea le urgía que sus empleados en el gobierno le resolvieran la de Cananea, la joya de su corona.

Pero no sólo Calderón y sus guajiros. Todos fingieron demencia, del Ejecutivo al Legislativo y de éste al Judicial. En 28 de abril de 2010 la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo, en el que exigía revisar de inmediato la pertinencia de mantener el otorgamiento de la concesión otorgada sobre la mina de Cananea a Grupo México, dada su persistente negativa a resolver la huelga que sostienen los trabajadores de esta mina a través de las vías del diálogo y la negociación. Además, que se evite el uso de la fuerza pública contra el movimiento de huelga que mantienen los trabajadores mineros de Cananea, Sonora, y fortalezca y haga uso en todo momento de las vías del diálogo y la negociación.

¿Qué diputados firmaron ese punto de acuerdo de urgente resolución? Francisco Rojas (PRI, con EPN director de la CFE); Josefina Vázquez Mota (PAN, la de los mil millones); Alejandro Encinas (PRD); Juan José Guerra (PVEM), con Peña Nieto fue secretario de Ecología y encargado de mantener impune a Larrea por el derrame tóxico en agosto de 2014); Pedro Vázquez González (PT); Reyes Tamez (PNA, secretario de Educación con Fox) y Pedro Jiménez León (Convergencia entonces, hoy MC). Y nadie hizo nada, salvo mantener impune al citado empresario.

Entonces, no se quejen del pronunciamiento de la CIDH.

Las rebanadas del pastel

Agustín Carstens resultó más guapo que bonito. Tonto no es, y sabe que la situación financiera del país está a un tris de convulsionarse y, por lo mismo, teme que la bomba le estalle en la cara. Ante esa cruda realidad, el afamado doctor catarrito organiza su exilio dorado: renuncia al Banco de México (a partir del primero de julio de 2017, aunque su chamba legalmente concluía el 31 de diciembre de 2021), garantiza una beca igual de jugosa que de maravillosa, hace maletas y se refugiará en la bella ciudad de Basilea, Suiza, donde está la sede del Banco Internacional de Pagos, del que será nuevo gerente general a partir de octubre próximo. Y, generoso, deja que su relevo sea quien pague las consecuencias… Ayer el dólar se vendió hasta en 21.35 micro pesitos.

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