La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 430 del Código Penal Federal para que, por primera vez en el país, se tipifique como delito grave la usurpación de identidad.

Los legisladores consideraron que la utilización de cualquier medio lícito o ilícito para apoderarse o transferir datos personales sin autorización de su titular implicará un delito grave, con penas de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días de multa.

Así, el ordenamiento, como capítulo único, asienta lo siguiente: “Comete delito de usurpación de identidad el que por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o bien se suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión.

Se impondrá una pena de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado, a quien cometa el delito de usurpación de identidad. Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que aprovechándose de sus funciones tenga acceso a bases de datos o por quien se valga de su profesión para ello.

Al día, se dijo en San Lázaro, sin identidad no hay personalidad jurídica y sin personalidad jurídica no puede existir un ejercicio de nuestros derechos.

No obstante, en México la usurpación de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a escala mundial en la comisión de este delito. Por ello, sancionar la usurpación de identidad es prioritario para castigar a quienes hacen uso de datos que no les corresponden.