La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrieron procesos contra las empresas mediante las cuales el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras llegar a un acuerdo con dos de las compañías, se logrará la recuperación de 421 millones de pesos, los cuales serán devueltos al gobierno de esa entidad.

El Ministerio Público Federal informó que una vez que se detectaron estos recursos, se empezó una serie de procesos contra las firmas destinatarias. Una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, dos de las que los recibieron firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda.

El primer monto, que asciende a 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las empresas con las que llegaron a un acuerdo.

El titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, declaró: estos 421 millones de pesos recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo sistema adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente.

Precisó que, independientemente de las sanciones que se impongan a los principales involucrados en la desviación de recursos, la institución se ha enfocado en recuperar los recursos del erario veracruzano.

En las indagatorias relacionadas con la transferencias de fondos a 32 empresas fachada, entre ellas las compañías Bienart, Carrirey, a las cuales se les otorgaron contratos por más de 24 millones de pesos presuntamente para el abastecimiento de productos didácticos, bajo el mando de Javier Duarte se dieron contratos millonarios a firmas inexistentes que nunca entregaron los materiales convenidos o ni siquiera tenían una oficina.

Asimismo, se entregaron más de 600 millones a compañías que se crearon con los nombres de Abastecedora Romcru, Pefraco, Cymane, Grupo Balcano, Importadora Denylk, Cerene y Bloques 2DM, así como Rasan Servicios Múltiples.

En al menos 10 aparecen como accionistas o participantes en su fundación familiares, amigos y colaboradores del gobernador con licencia.