Legalizar el uso y consumo de la cannabis no combatiría a fondo el problema del crimen organizado. Lo que se requiere, entre otras cosas, es transformar el sistema de procuración de justicia.

La guerra contra las drogas (que declaró Felipe Calderón en 2006) destruyó todo el sistema penal, lo cual significa que hay que reconstruirlo. No es un asunto sólo legal, sino de convicción, de que hay que reformar el Ministerio Público, la procuración de justicia y ver que los jueces cumplan sus responsabilidades y protección del Estado, ya que no pueden quedar indefensos frente a la delincuencia organizada, que tiene mucho más poder; ese es el reto fundamental de ahora en adelante, manifestó María Celia Toro, profesora e investigadora de El Colegio de México.

Durante la presentación del informe Ungass 2016: América Latina y las perspectivas de la política de drogas, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, académicos afirmaron que al país lo que menos le importa es regular el mercado de la mariguana con fines medicinales o recreativos.

Crece el consumo

El problema de las drogas en el país no es el consumo, que ha crecido como en diferentes partes del mundo. El uso de diversos estupefacientes tiene una tendencia ascendente, pero de ninguna manera se acerca a niveles que representen un problema social o de salud graves, como en Estados Unidos y ciertas naciones de Europa.

Agregaron que en diciembre se cumplirán 10 años de la guerra que lanzó Felipe Calderón contra el crimen organizado, que ha sido catastrófica y ha ocasionado miles de muertes.

Por su parte, Luis Maira, coordinador académico del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (Rial), recomendó leer los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El punto tres es sobre el trato y superación de la situación de drogas.

Mediante este documento el Rial hizo un balance de la Ungass 2016 desde la perspectiva de los países de la región, identificando las lecciones que dejó este proceso y brindando una mirada hacia el futuro, con recomendaciones concretas.

Entre ellas, indica que para lograr un cambio real en la política de drogas es necesario que las naciones de la región, la sociedad civil y los distintos actores que participan en el proceso comiencen a prepararse para 2019.