Ciudad Juárez, Chih.

María Rosalinda Guadalajara, gobernadora de los tarahumaras en esta ciudad, sufrió discriminación al prohibirle la entrada al bar Club Kentucky, en la zona centro, adonde asistió invitada por un grupo de amigos la tarde del viernes.

Rosalinda, de 28 años, es activista en favor de los derechos de los grupos indígenas que han manifestado ser víctimas de acoso y discriminación en supermercados como Soriana y Wal-Mart, a quienes les prohíben la entrada con el pretexto de que piden dinero, o pueden entrar para robar.

Miembros de organizaciones civiles informaron que invitaron a Rosalinda a tomar cerveza y al entrar al bar les dijeron que no podían entrar porque ya estaba todo reservado; después dijeron que no podía entrar gente con huaraches ni pedir dinero a los clientes, manifestaron.

Al ver que el bar no estaba lleno, dijeron los activistas, pidieron hablar con el responsable del negocio, quien les argumentó que ella no podía entrar porque traía huaraches y eso estaba prohibido.

La lideresa indígena se encarga de gestionar las necesidades de su comunidad, entre ellos el comedor que da atención a diario a niños y adultos mayores tarahumaras; se encarga además de reunir los recursos para que los jóvenes de la colonia puedan seguir estudiando.

María Rosalinda declaró que los pueblos originarios enfrentan con frecuencia actos discriminatorios de los sectores de la comunidad, incluyendo autoridades, empresarios y corporaciones policiacas.

Dijo que para solucionar problemas de este tipo los integrantes de la etnia se han acercado a los organismos civiles para que se difundan, incluso en la comunidad tarahumara, los derechos humanos, a fin de que los indígenas los conozcan y los hagan valer; además ha pedido hacer campañas para que el resto de la gente también los respete.

Mencionó que cuando acuden con su vestimenta tradicional de tarahumaras o rarámuris, nombre correcto de la etnia, no les dan trabajo o los condicionan que la cambien para que puedan ser contratados. En las mueble-rías no les dan créditos para adquirir una estufa, un calentón o una mesa, en un abierto acto de discriminación.