l arduo y accidentado proceso de documentar la paz acordada entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acaba de registrar un avance que podría representar la diferencia entre el cese efectivo del enfrentamiento que por más de medio siglo han mantenido ambos bandos, y la reanudación de un conflicto que ha cobrado una altísima cuota de sangre y sembrado el encono en ese país sudamericano. En ese resentimiento –y sin desconocer los elementos políticos y económicos que subyacen en su trasfondo– se encuentran muchos de los obstáculos que obstinadamente parecen oponerse a la firma de un acuerdo asentado sobre bases firmes y medidas consensuadas; es decir, un acuerdo que más allá de la letra garantice una paz efectiva y duradera.
Vista en perspectiva, la idea del presidente Juan Manuel Santos de someter a la aprobación pública el primer acuerdo, signado el pasado 26 de septiembre y rechazado en las urnas días más tarde, resulta tan desafortunada como el propio resultado del plebiscito, según el cual la mayoría de los colombianos, aun cuando no sea por amplio margen, se pronunciarían en contra de la paz (lo que, aunque parezca una perogrullada, significa manifestarse en favor de la guerra). Y fue desafortunada porque, quizá en un desmedido afán por validar claramente el documento que establecía esa paz, se olvidó que en primer lugar una administración de gobierno tiene la responsabilidad de adoptar, por sí misma, las medidas más apropiadas para el conjunto de la ciudadanía, y en segundo lugar porque hay en Colombia fuerzas que sólo aceptan acabar con la guerra si ello equivale a acabar con sus oponentes (las FARC en este caso). Y esas fuerzas, nutridas tanto por su propia campaña propagandística como por las heridas sociales que han provocado 50 años de lucha, representan un porcentaje nada desdeñable de la sociedad colombiana.
El nuevo documento no será sometido al mismo destino incierto que el anterior; esta vez no serán los electores los encargados de determinar su vigencia, sino el Congreso, donde el partido oficial tiene una mayoría que le garantizaría la aprobación del nuevo acuerdo. Además, éste, si bien en apariencia no deja satisfecha a la franja que se opuso al anterior (cuya principal figura visible es el ex presidente Álvaro Uribe, fundador y motor del derechista partido Centro Democrático), es ligeramente menos resistido que aquél. Ligeramente, porque tampoco deja conformes a los promotores del no al primer acuerdo. Previsiblemente, el propio Uribe se apresuró a declarar que el nuevo documento sigue sin considerar un aspecto que, según él, es sustancial: el castigo a integrantes de la guerrilla que hayan participado en incursiones armadas producto del conflicto. Además, el hecho de que los ex guerrilleros que fueron hallados culpables de delitos puedan presentarse a cargos de elección popular antes de purgar sus penas vuelve el acuerdo insatisfactorio para el líder opositor.
Paradójicamente, la oposición reclama ahora que de nueva cuenta este segundo acuerdo sea plebiscitado entre la población, confiando en que ésta lo rechace como al otro. Si no hay nueva consulta –amenaza– sacará a los colombianos a la calle
. Esta confianza, la misma que mostraba el presidente Santos cuando convocó al primer plebiscito, convencido de que la ciudadanía le daría un abrumador sí al documento, evidencia una realidad inquietante: que la sociedad colombiana se encuentra dramáticamente fracturada entre quienes anhelan que de una vez por todas se ponga fin a la sangría de personas y recursos provocada por la guerra intestina más larga de Latinoamérica, y quienes, por convicción o por inducción, parecen inclinarse por una insensata guerra de exterminio.
