El gobierno federal prepara una iniciativa de ley de uso legítimo de la fuerza. Aunque existen mecanismos mediante los cuales se regula la actuación policial y se sustentan en lineamientos internacionales, las autoridades buscan un marco jurídico que sea avalado por el Congreso, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

En el caso de la Policía Federal, desde el 23 de abril de 2012, cuando la actual Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNS) era la Secretaría de Seguridad Pública, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública.

Este ordenamiento señala que el uso legítimo de la fuerza es la aplicación de métodos, técnicas y tácticas con base en distintos niveles de fuerza, en el ejercicio de las funciones policiacas, y su aplicación será legal, necesaria, proporcional, racional y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

La regulación que se aplica en la actualidad precisa que el uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos policiales federales.

En ese contexto, Renato Sales Heredia, titular de la CNS, señaló que en la institución que dirige y que tiene bajo su mando a la Policía Federal “se ha capacitado a más de 45 mil servidores públicos en uso de la fuerza a partir del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la Organización de Naciones Unidas.

A partir de nuestro protocolo específico de uso específico de la fuerza, y también lo que hace al uso de la cartilla de respeto de los derechos del detenido, una vez que se detiene a una persona literalmente se le lee la cartilla, es el equivalente al Miranda Rights de Estados Unidos.