Al redactar la constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente tiene la gran oportunidad de marcar la pauta en este continente, y a escala mundial, en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Así lo aseguró ayer Víctor Toledo, asesor de la Relatoría de las Naciones Unidas para los Pueblos y Comunidades Indígenas, quien se reunió ayer con diputados constituyentes para analizar el tema de la consulta indígena que se debe realizar en esta capital con motivo de los contenidos de la constitución de la Ciudad de México.

Frente a los legisladores –encabezados por Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la mesa directiva de ese órgano legislativo–, el especialista enumeró algunas acciones que se deben emprender para que la carta magna local tenga legitimidad, entre ellas, tomar en serio a las comunidades indígenas, realizar con esos grupos una consulta de buena fe y establecer el compromiso de que se va a cumplir lo que opinen los integrantes de ese sector de la población.

Aunado a ello, recomendó a los legisladores y a los integrantes de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios –que preside Mardonio Carballo– incorporar observadores a ese ejercicio ciudadano, hacer coadyuvantes a diversas instituciones públicas, sin que sustituyan la responsabilidad de los constituyentes para con la consulta, y hacer accesible y entendible el documento que se someta a consideración de los grupos indígenas de esta capital.

Por la noche, los coordinadores y representantes de los 10 grupos parlamentarios que forman la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente acordaron, por unanimidad, ampliar al 10 de diciembre el plazo para que siete de las ocho comisiones presenten su dictamen sobre los artículos que se les asignaron.

En la sesión ordinaria de ese órgano legislativo se estableció que la abrumadora carga de trabajo ha ido acortando y presionando a los legisladores; este acuerdo deberá someterse a votación del pleno en su sesión del próximo viernes.

Alejandro Encinas manifestó que las comisiones que concluyan la dictaminación el último día de noviembre podrán presentar ese documento para que se discuta de inmediato en el pleno.

La comisión que queda al margen de ese plazo es la de Pueblos y Barrios Originarios, que tendrá hasta el 16 de diciembre para presentar su dictamen, debido a que primero se debe realizar la consulta a la comunidad indígena.