A pesar de que el marco jurídico en materia de derechos humanos ha cambiado sustancialmente en años recientes, en la práctica es recurrente la comisión de violaciones graves a esas garantías en el ámbito de la justicia penal, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Al poner en marcha el proyecto Monitoreo ciudadano de la aplicación de las reformas constitucionales en materia penal, de derechos humanos y de amparo, dichas organizaciones lamentaron que a la fecha, aunque se está en la primera y crucial etapa de transformación del sistema penal, en la mayoría de los estados no se ha implementado.

Por ello anunciaron la puesta en marcha de dicho monitoreo, que tiene el propósito de incidir en la aplicación cabal de las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, justicia penal y amparo dentro del ámbito penal, a partir de la observación e identificación de prácticas judiciales que fortalezcan la cohesión social, el diálogo y la participación ciudadana.

En ese sentido, el proyecto, financiado por la Unión Europea, advierte que uno de los aspectos de las reformas en que se constatan rezagos y existe oportunidad de incidir de manera estructural en los años próximos es el concerniente a la garantía de los derechos humanos por parte de jueces, sobre todo en el ámbito de la justicia penal. Es decir, contrastando los actos de las autoridades y las leyes secundarias con los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Además, reconoce que si bien las reformas penal de 2008 y de derechos humanos de 2011 fueron trascendentes en la Constitución, fijando los principios rectores del nuevo sistema penal oral y acusatorio, así como el deber de respetar y garantizar las garantías básicas, están pendientes las normas nacionales, generales, federales y locales.

Estas son herramientas fundamentales para que los operadores de justicia traduzcan dichas obligaciones en decisiones concretas, señala el proyecto. Se anunció que en febrero próximo se presentará un primer informe a escala nacional.