Comunidades de chinos y coreanos devastan los inmuebles del Centro Histórico de esta ciudad, pese a estar catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sin que las autoridades federales o de la delegación Cuauhtémoc intervengan para frenar esa situación.

Así lo denunció el diputado constituyente Raúl Bautista González, de Morena, en la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde dejó de manifiesto que esa situación ha ocasionado que se pierda la vocación habitacional en esa zona de la Ciudad de México.

Los legisladores de dicha comisión abordaron este lunes, entre otros puntos, el artículo 23 del proyecto de constitución de la Ciudad de México que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que establece todo lo relacionado con el patrimonio de la ciudad, que incluye los subtemas patrimonio cultural, patrimonio mundial de la ciudad, y consejo de la crónica y la memoria de la Ciudad de México.

Ahí, Bautista González remarcó que la falta de atención y mantenimiento a los inmuebles catalogados va acelerando su deterioro y los niveles de riesgo para quienes los habitan.

Añadió que muchos de esos edificios son modificados y, en lugar de ser utilizados para habitarlos, se convierten en bodegas, lo que favorece a los intereses privados. Es un proceso de devastación en el que participan, fundamentalmente, chinos y coreanos.

El también presidente de la Comisión de Ciudadanía de esa asamblea comentó que en la constitución de la Ciudad de México se deben estipular mecanismos que promuevan la protección y conservación de los inmuebles catalogados, y que al mismo tiempo hagan más accesible y fácil esa tarea, pues en la actualidad imponen muchas restricciones organismos como el INAH o el Instituto Nacional de Bellas Artes –para los de valor artístico–, a grado tal que hay gente que termina odiando su vivienda porque no puede remodelarla de ninguna manera.

El diputado de Nueva Alianza Gabriel Quadri se manifestó en favor de que se otorguen estímulos económicos a la gente que habita un inmueble catalogado y eso permita su preservación.

Ese esquema, dijo, se utiliza ya entre la población que vive en zonas rurales, fundamentalmente, pues se otorgan pagos ambientales a quienes cuidan que las zonas de conservación no sean invadidas o se utilicen para fines ajenos a su entorno ambiental.