El optimismo desbordante y el afán de mostrarse como respetuosa de la ley de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, contrastó con el alud de críticas a su administración formulado por diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Morena y Movimiento Ciudadano (MC).

Al acudir a la Cámara de Diputados para cumplir con la glosa del cuarto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la funcionaria (ex dirigente nacional del PRD) escuchó reproches a los resultados de la Sedatu en su tarea de resolver graves problemas sociales.

En su presentación justificó su paso por la secretaría: Nosotros hemos cumplido con la ley al pie de la letra y a partir del diálogo; los propietarios de la tierra tienen derecho a recibir un recurso justo, porque su tierra vale.

No obstante, el priísta Gabriel Casillas le reviró con un ejemplo concreto: existen 3 millones de viviendas no vendidas o no adjudicadas, pero se siguen construyendo más. De las ya entregadas, muchas han quedado desocupadas al estar lejos de los lugares de trabajo, por lo que han sido sujetas de vandalismo e invasiones.

La panista Ingrid Krasopani Schemelensky le preguntó sobre la forma en que se distribuirá el fondo metropolitano, el cual se redujo 70 por ciento, y cómo se priorizarán los proyectos para fortalecer el desarrollo urbano.

Su compañero de bancada Francisco José Gutiérrez de Velasco adujo que de 198 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 52 por ciento son propiedad social, es decir, 103.5 millones de hectáreas pertenecen a la población campesina, para más de 30 mil grupos agrarios, ejidos y comunidades, y cerca de 60 por ciento de las parcelas del país tienen menos de 5 hectáreas. Los jóvenes rurales no tienen tierra y requieren alternativas para su desarrollo, le espetó.

Con dureza también, Juan Corral Mier (PAN) destacó que 60 por ciento de la población habita en 55 zonas metropolitanas, es decir, 80 por ciento de mexicanos habitan en áreas urbanas. Refirió que el Sistema de Evaluación del Desempeño –a cargo de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública– señaló que en la primera mitad de este sexenio la Sedatu fue la peor calificada de 15 programas, con un cumplimiento medio bajo y una calificación de 2.8.

Robles atinaba sólo a hacer muecas, mientras la perredista Ana Carrera recordó que la Ciudad de México se encuentra en el octavo lugar de las metrópolis que concentran el hacinamiento del país, e insistió en preguntarle cuál es el criterio que utiliza la Sedatu para ejercer los recursos y dar prioridad a las zonas más vulnerables de la capital del país.

Para el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Jesús Serrano (Morena), un problema que aqueja al campo “es que cada año se incorporan aproximadamente 35 mil hectáreas de propiedad social al desarrollo de urbes, lo cual representa una amenaza a la producción agrícola nacional, además de alto costo de obras públicas por la expansión de construcción de viviendas.

Esto no significa que el desarrollo urbano se tenga que frenar; hoy día es una necesidad prioritaria que más personas cuenten con viviendas propias y dignas, generando con ello que en la actualidad todos los ciudadanos se deben desarrollar en un ambiente familiar, sano y adecuado.

Su compañera de bancada Blandina Ramos Ramírez demandó que un nuevo modelo urbano incluya la participación de la ciudadanía, no sólo como simple observadora pasiva del proceso. Las ciudades no pueden convertirse en un modelo de tejido territorial orientado a la producción, distribución y consumos nocivos. ¿Cómo es posible pretender dejarlo fuera de la toma de decisiones que afectan el presente y el futuro, a su entorno urbano, su sano desenvolvimiento y destino?, inquirió.