Sierra norte de Veracruz

Respuesta de las comunidades al
despojo: defender el territorio es
cuidarlo, cultivarlo y medirlo*

FOTOS: Lorena Paz Paredes

Lorena Paz Paredes

Quien siembra un árbol defiende el territorio
Comunidades de la Huasteca

El escenario. Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz, de población otomí, tepehua y náhuatl, están defendiendo su territorio de viejos cacicazgos, y desde hace dos años, de empresas petroleras y mineras. Para resistir se han unido a otros pueblos y grupos afectados de la región Huasteca y la sierra del Totonacapan, apoyados por Radio Huayacocotla: La Voz Campesina’y el equipo de Fomento Cultural y Educativo.

En el día a día, las familias y comunidades protegen sus territorios cultivando la tierra, reforestando, cuidando manantiales, montes y bosques, y año con año, haciendo el ritual de la bendición de la Semilla con curanderas y curanderos, en un esfuerzo de conservación e intercambio de granos nativos, que hoy congrega a gente de más de 20 comunidades de la zona y de lejanos pueblos de la Huasteca hidalguense.

Otra manera de resistir es el ordenamiento territorial participativo que hace algunos años emprendieron autoridades y asambleas de comunidades como El Pericón, Benito Juárez, Ayoxuxtla o El Mirador, para identificar y delimitar espacios del fondo común, de áreas boscosas, terrenos de siembra, potreros, huertas y solares. “Conocer, medir, censar y tener mapas de los predios –dicen por allá– es la mejor defensa contra expropiaciones, invasiones y despojos de gente nuestra y de los fuereños”.

Una ventaja es que varias comunidades están organizadas en el Comité de Defensa Campesina y la Unión Campesina Zapatista, (CDC-UCZ), conformadas hace 30 años por indígenas y mestizos en contra del cacicazgo, el acaparamiento y despojo de tierras, el maltrato, la discriminación y la represión, y que hoy exigen comunicaciones, servicios básicos, respeto a los derechos humanos y a la participación política en los municipios de Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán.

La reforma energética abre puertas al capital trasnacional. En el país “la explotación de hidrocarburos afectará a más de cuatro mil núcleos agrarios en 18 zonas indígenas –dice un jesuita de Fomento Cultural y Educativo–, y es Veracruz uno de los nueve estados que sufrirá mayores estragos con 900 mil hectáreas en riesgo”. La verdadera amenaza “es que con esta reforma energética entran en vigor concesiones mineras y petroleras con planes de expropiación o afectación de terrenos ejidales y comunales”.

Esto quiere decir, explican en Huayacocotla, que la reforma energética y sus leyes secundarias “le abren las puertas al capital privado y trasnacional para la exploración y extracción de petróleo y gas, y que, igual que las empresas mineras de manganeso y otros minerales, está amenazando el territorio y la sobrevivencia de las comunidades de ésta y de otras regiones de Veracruz, la Huasteca hidalguense y Puebla.”

Ya se han otorgado concesiones para la extracción y explotación petrolera a varias empresas en El Naranjal, Chintipan, La Soledad y Apetlaco, del municipio de Tlachichilco, y en municipios como Benito Juárez e Ixhuatlán. A futuro se afectará Texcatepec y ejidos como El Mirador, La Mina y La Jabonera. Además, como las empresas gaseras y petroleras pueden cruzar predios campesinos, afectan bosques, terrenos de labor y manantiales, lo que se agravará en los próximos años por la construcción de una extensa red de gasoductos que llevará gas a San Luis Potosí, Guadalajara, Jalisco y Guanajuato en un trayecto que va desde el Golfo hacia el occidente atravesando por norte de Veracruz. En Chicontepec, Benito Juárez, Atlapexco “se ven hoyos por toda la región […] Las empresas llegan a las comunidades, perforan y se van, y esto afecta la tierra y la vida de la gente, porque causan derrames contaminantes”.

Además está la minería a cielo abierto. La más antigua es la de caolín en Huayacocotla que daña el paisaje, contamina y no deja beneficios a la población. Otro tipo de empresa extractiva de minerales ya está cerca y se suma a las amenazas históricas de deforestación y ganaderización que desde hace décadas han depredado la biodiversidad de la zona.

La situación está obligando a los pueblos a organizarse, a comunicarse, a prepararse. Se han hecho reuniones, foros, encuentros, movilizaciones y una campaña informativa radiofónica desde la Radio de Huayacocotla, alertando, convocando y uniendo voces. En 2015, en un Foro de oposición al gasoducto Tuxpan-Tula al que asistieron representantes de 17 comunidades de Ixhuatlán de Madero, de Chicontepec, de Benito Juárez, de Tlachichilco, de Texcatepec, se decidieron movilizaciones y difusión de las futuras afectaciones, y de momento, se logró detener el proyecto.

Aparte de esta dimensión de la resistencia, hay otra: las prácticas campesinas cotidianas del cuidado de las semillas, la tierra, el bosque, el agua y la vida.

Cuidar el bosque y el agua. Aunque las motivaciones por reforestar son distintas, para todas las comunidades de la zona sembrar árboles significa cuidar manantiales, delimitar linderos, tener cercos vivos, proteger áreas comunes y de uso doméstico. También, dicen, es una defensa contra el acaparamiento. “Quien siembra un árbol defiende el territorio”, entendiendo éste no sólo como tierra, bosque, agua, sino idioma, rituales y costumbre. “Cuando se planta un árbol cerca del manantial, también se le hace su ritual, su oración”. O sea que reforestar es un modo de pedir, devolver el favor del agua y el frescor y de hablar con la naturaleza.

Las reforestaciones que se deciden en asamblea para cuidar manantiales o áreas comunes o en riesgo de erosión se hacen en colectivo. En los viveros atendidos por Fomento Cultural y Educativo, donde se reproducen especies maderables y frutales, participa la gente, “que hoy tiene más conciencia de los beneficios ambientales y económicos del viverismo y la reforestación”. Y se nota en que se han multiplicado los viveros familiares, la siembra de barreras vivas y de huertas o los árboles en las orilladas de la milpa.

En barrios de Papatlar con bienes comunales de Amaxac, ya se tienen árboles aprovechables de las reforestaciones (tres hectáreas en El Zapotal, cinco en el Mirral, dos en El Plan). Ahora la gente delibera si la madera se vende o mejor se asegura el abasto de leña para el hogar. Decidan lo uno o lo otro, hay conciencia de que el corte no debe afectar la recarga de agua, y hay acuerdo en que por cada derribo de un árbol, se siembren tres nuevos.

En el reglamento interno de El Pericón, municipio de Texcatepec, aprobado en asamblea a fines del 2015, la norma sobre aprovechamiento del bosque es muy clara en el artículo 11, sobre El cuidado del bosque:

“En el fondo común, de bosques y astilleros, no se permite tirar árboles vivos, sólo se puede aprovechar la leña seca. La comunidad va a cuidar los bosques y astilleros para que no falte leña en las cocinas. Ni en terrenos comunes ni en asignaciones se pueden tirar árboles de madera o frutales sin permiso de la Asamblea. Los árboles se pueden vender o trabajar a medias, sólo con autorización escrita de la Asamblea, y sólo entre personas de la misma comunidad”.

En cuanto al cuidado del agua y los manantiales, en el artículo 10 del mencionado Reglamento se aclara que:

“El agua no tiene dueño, cada manantial debe tener su solar con árboles suficientes para que no se seque. El terreno que abarca un manantial común lo determina la Asamblea y se respeta por toda la gente como área verde […] En esta reserva no se permite sembrar, ni tirar árboles, ni construir ni usarlo de alguna otra forma”.

La reforestación por conciencia “es lo más noble y se va a apreciar en la presente temporada de lluvias –dicen– pues la vida de los manantiales y la recarga de acuíferos depende del arbolado”. En las secas del 2015 se dejó sentir la escasez de agua. En la cabecera municipal de Texcatepec “la gente hacía largas filas desde temprana hora con cubeta en mano para sacar agua de los pozos”. Por esto en 2016 se volvieron a reforestar áreas comunes, con trabajo y faenas comunitarias –como en el cerro del Zapotal, donde se arbolaron seis hectáreas–. Ahora se pretende que de cada diez árboles sembrados por lo menos uno reverdezca y se desarrolle.

Las áreas protegidas de bienes comunales de Amaxac suman como 20 hectáreas y abastecen once manantiales. El equipo de Fomento piensa que la reforestación debe continuar con participación comunitaria, como hasta hoy, por ser una tarea noble y educativa, y en defensa del territorio vital.

Conociendo y mapeando el territorio. El ordenamiento territorial es una necesidad histórica en esta zona, pues hay una regularización agraria incompleta, escasos mapas oficiales donde se sobreponen linderos de bienes comunales, enormes rezagos agrarios por el abandono y desinterés gubernamental, y a la vez una fuerte presión del Estado por medio del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), empeñado en certificar e individualizar bienes comunales de Texcatepec y Amaxac.

Lugares donde la población y las autoridades comunitarias son más conscientes de la necesidad de defender los fondos comunes, la tenencia colectiva de áreas forestales y de siembra, están más protegidos frente al FANAR y a la eventual llegada de empresas extractivas. En cambio –dicen los promotores de Fomento–, donde hay poca cohesión social y las decisiones son más individuales aunque se trate de ejido o bienes comunales, las comunidades resultan vulnerables porque los campesinos pueden tener la intención de vender la tierra y no de defenderla, y “la privatización de la tierra es el primer paso para abrir puertas a empresas petroleras, gaseras o mineras”.

“Los del FANAR presionan burdamente a la gente con el chantaje de que si no certifican sus predios, serán excluidos de programas gubernamentales. Y eso es falso”. Además, si se parcelan o certifican áreas comunes, dicen, la comunidad ya no podrá hacer uso de ellas ni para cazar, cortar leña, o acceder al manantial. Es decir, desaparecerían las ventajas de uso libre que hoy tienen.

En 2014 y 2015 las familias de los bienes comunales de Texcatepec –que congrega a nueve comunidades– lograron detener la aplicación arbitraria del FANAR. En cambio, en Amaxac los bienes comunales están en riesgo, por el interés de acaparadores locales de tierras.

Algunas comunidades están realizando censos comunitarios con independencia de las autoridades de la Procuraduría Agraria.

En El Pericón se desató un intenso proceso de reordenamiento en 2014 y 2015 derivado del censo, consistente en la elaboración de un reglamento interno, la medición y el reconocimiento de solares para más de cien familias, la delimitación de siete hectáreas de bosque donde se ubica el manantial y ocho hectáreas de astilleros. En el reglamento interno aprobado en Asamblea, compuesto por 24 artículos y dos croquis, se consigna que:

“Es para llevar un orden y un respeto en los terrenos, costumbres y trabajos que corresponden a nuestra comunidad de El Pericón, para que todos los habitantes sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos, para ayudar a nuestras autoridades a resolver problemas y guiar todo lo que es común […]”.

Y entre otras cosas, reglamenta el cuidado de los terrenos de uso común, del agua y los manantiales, del bosque y los astilleros; sobre los solares, que no está permitido comprar o vender; sobre la herencia de predios, y el ingreso de jóvenes a los Bienes comunales; sobre las faenas y los cargos, acerca de la asignación de terrenos especiales dentro del fondo común, entre otros. El reglamento no contraviene las reglamentaciones de los terrenos de labor del Estatuto Comunal, sino que las complementa.

Un efecto de este ejercicio de ordenamiento “es que ha aumentado la participación de los jóvenes que ya son mayoría en las asambleas y faenas de la comunidad –afirma un promotor– y se ha vuelto un foco de atención para comunidades vecinas que no han emprendido ningún ordenamiento, pero que ya se les antoja y se preguntan cómo empezar”.

En cuanto a los censos, lo peculiar es que se van armando en Asamblea. Cada comunero, avecindado o recién llegado, dice cuántos predios tiene, cuánto miden, a quién le compró, vendió o heredó, y la asistencia completa, avala o corrige los datos declarados. Se trata de un ejercicio donde todos y todas aportan lo propio, lo comparten y rectifican en común. Un censo levantado de este modo habla de una práctica excepcional y resulta un documento de gran valía para la comunidad. “Se trata –dice un promotor– del censo más concienzudo”, refiriéndose al de El Pericón, y que supone mucha confianza entre vecinos, familiares y autoridades comunitarias, pues decir públicamente el terreno del que se dispone y su origen, es delicado y puede acarrear desavenencias o conflictos. Pero también fomenta la cohesión comunitaria y la solidaridad, hace que la relación de propiedad de un predio no sea un asunto individual, sino de conceso y aprobación colectiva, y, como es el caso, colabora a que algunos grupos de población como los jóvenes y las madres solteras o mujeres solas, tengan oportunidades de un solar, y que los chavos participen en cargos y faenas en condiciones de respeto.

En Benito Juárez, comunidad censada desde 2014, la Asamblea está decidiendo redistribuir terrenos de labor (potreros y milpas) con acciones de deslinde y ocupación lo más equitativas posibles. Por ejemplo, para el beneficio de 13 jóvenes que no tienen tierra asignada ni son herederos se repartieron 35 hectáreas en La Abundancia, y 8.5 hectáreas para seis familias sin tierra asignada. En la Soledad y El Tomate del municipio de Tlachichilco, el reordenamiento consistió en la medición de solares para aclarar quién está en posesión del predio y cuánto miden las parcelas. Así, se hizo notar que a muchos campesinos les faltaba terreno y otros tenían de más; también se ubicaron áreas disponibles para los jóvenes sin tierra.

En total, con participación de las y los comuneros y el equipo de Fomento, “se midieron y se delimitaron espacios comunes, como el de la Abundancia, los astilleros de El Pericón, la cancha de fútbol, dos manantiales y una reforestación común en Papatlar para defenderla de invasores o recuperar tierras tomadas por comuneros de Amaxac, sin mediar acuerdo con éstos”.

En cuanto al mapeo del territorio (cuya superficie es de cinco mil 700 hectáreas), con participación de comisariados, asambleas y vecinos, se logró hacer un mapa de las 400 hectáreas medidas de los bienes comunales de Amaxac, y otro del fundo legal y las reservas de bosque en El Pericón, además de un mapa de deslinde de colindancias entre tres comunidades.

Todos los documentos resultado de la labor de ordenamiento territorial son internos, y se formularon con el debido protocolo: firmas, sellos, aval de autoridades comunitarias, y hasta se consiguió que un ingeniero civil titulado estampara su firma, pero no han sido inscritos o registrados en el Registro Agrario Nacional. Aunque no se duda de que se trata de documentos legitimados por asambleas y autoridades comunitarias, no se sabe qué valor le darán las instituciones de gobierno.

Lo cierto es que estas prácticas, mapas, censos y reglamentos pueden ser inspiradores del ordenamiento territorial en otras comunidades, y un instrumento bien legitimado para evitar despojos y expropiaciones de tierras.

*Este artículo es resultado de una investigación en la sierra norte de Puebla,
realizada con Rosario Cobo para Fomento Cultural y Educativo, AC.

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