Indispensable, la certeza jurídica
para conservar los bosques

El fortalecimiento de las comunidades forestales e indígenas es prioritario para lograr las metas de reducción de la deforestación y conservación activa de los bosques. Los pueblos y las comunidades, muchos de ellos indígenas, son los dueños de los bosques. Y éstos son el espacio que aquéllos habitan y  su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, según señalan alcaldes del Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF), estos pueblos no tienen certeza jurídica en la propiedad de sus tierras y no pueden desarrollar proyectos de aprovechamiento sustentable de sus bosques que permitan su conservación al tiempo que les generen ingresos.

En el Panel de gobernadores celebrado como parte de las actividades de la Reunión Anual del GCF y la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, el titular del gobierno de la provincia de Loreto, Perú, Fernando Meléndez, destacó que la falta de seguridad jurídica en los territorios de las comunidades indígenas es un problema que debe ser resuelto lo más pronto posible, porque en los territorios donde hay tala ilegal es donde los bosques están en riesgo.

Las comunidades indígenas requieren de la titulación de sus tierras para aprovecharlas y conservarlas de forma sustentable; por ello, comentó, en los próximos cinco años trabajarán para tener todos los territorios indígenas titulados.

Añadió que es una prioridad política dar a los pueblos indígenas seguridad jurídica en sus territorios. “Hemos encontrado que la titulación es un modelo exitoso desde la comunidad, porque los vigilantes de las riquezas forestales son las comunidades indígenas”.

Durante este evento realizado en Guadalajara, Jalisco, Fernando Meléndez subrayó que “la amazonia del Perú concentra una de las más grandes reservas de carbono, casi seis millones de toneladas de carbono. Pero esa riqueza es contrastante con los niveles de pobreza que se registran en la región. Sobre todo en la provincia de Loreto, porque las comunidades no tienen certeza jurídica en la propiedad de su bosque”.

El gobernador del estado brasileño de Rondonia, Confúcio Aires Moura, indicó que en su país se logró reducir la deforestación en un 80 por ciento gracias a políticas y esfuerzos con enfoque comunitario y “son esas experiencias las que se deben compartir para apoyar a la conservación de los recursos forestales”.

Detalló que el Estado tiene que estar cerca de las comunidades para llevarles asistencia social y ayudarlos a que no deforesten, porque no lo hacen por depredar sino por obtener recursos. “Toda la asistencia social que hemos brindado (a las comunidades forestales) se ha hecho con recursos propios, no hemos recibido recursos de fondos internacionales, aunque nos gustaría recibirlos en compensación al trabajo de conservación y reserva de carbono”, dijo.

Por su parte, Cornelis M., gobernador de la provincia de West Kalimantan, Indonesia, pidió ovacionar a los líderes de las comunidades por su gran labor de conservación e los bosques.

Explicó que los grupos indígenas son muy importantes en la protección de las áreas forestales, y lo que hemos visto en relación con el acuerdo de Rio Branco, cuyo objetivo es reducir la deforestación en un 80 por ciento para el año 2020; es que a los países industrializados, como Estados Unidos no les interesa y ni se comprometen del todo con este reto.

“Si nos apoyaran los países desarrollados, que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, podríamos alcanzar más metas. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer a las comunidades para que sigan conservando los bosques”, resaltó el gobernador indonesio.

El moderador del Panel de gobernadores Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, mencionó que si los gobiernos locales no participan comprometidamente se complica demasiado el cumplir con las metas de mitigación del calentamiento global. “El reto es encontrar mecanismos de financiamiento, de conservación y combate a la deforestación en beneficio de las comunidades”.

Propiedad de la tierra en México. Alrededor de 70 por ciento de la superficie terrestre de México corresponde a bosques y selvas que son propiedad de los ejidos y las comunidades que las habitan. Si bien es cierto que cuentan con certeza jurídica en la propiedad de sus bosques, enfrentan obstáculos burocráticos que restan competitividad a sus empresas forestales comunitarias.

Sin embargo, diversos estudios, como el de “Competitividad y acceso a mercados de empresas forestales comunitarias”, de Frederick Cubbage, han demostrado que los emprendimientos de aprovechamiento forestal sustentable de ejidos y comunidades son un modelo rentable que permite generar ingresos y conservar los bosques de manera activa.

Más de 900 empresas forestales comunitarias operan en México y producen madera con márgenes de rentabilidad, aunque podrían ser más competitivas si se simplificasen los procedimientos para las autorizaciones del manejo y aprovechamiento sustentable del bosque, puesto que la carga que implican esos trámites con las distintas entidades de gobierno pueden ascender al 23 por ciento de las ganancias netas obtenidas por la venta de la madera.

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