l presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprovechó un viaje de carácter médico a Estados Unidos para referirse al nuevo acuerdo de paz negociado entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que una versión previa del documento fue rechazada en el referendo realizado el pasado 2 de octubre. Tras reunirse con legisladores en el Capitolio de Washington, el mandatario señaló que todos los partidos con registro en su país convienen en sostener una reunión para abordar el nuevo pacto, salvo el Centro Democrático, organización política del ex presidente Álvaro Uribe, virulento opositor al proceso de paz.

Tras un periodo de desaliento y zozobra por el inesperado resultado de la consulta del 2 de octubre, el gobierno y la organización guerrillera intensificaron sus encuentros y lograron, la semana pasada, presentar un documento que recoge las principales objeciones argumentadas por los opositores al primer proyecto de paz. De esta manera cobró nuevo impulso el esfuerzo por la superación definitiva del conflicto armado que ha desangrado al país sudamericano a lo largo de más de medio siglo.

Las gestiones bilaterales han ido acompañadas de hechos propicios para la reconciliación. Uno de ellos es el respaldo que Pacipaz, grupo de víctimas civiles de las FARC en el Pacífico colombiano, otorgó a la nueva propuesta de resolución. Creemos que no será el mejor acuerdo, pero es una opción que tenemos en este momento para vivir mejor, dijo ayer un representante de esa organización en rueda de prensa con el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland. Otro hecho auspicioso es la condena impuesta ayer por un tribunal de Bogotá a 21 militares –entre ellos un coronel– que en 2008 asesinaron a cinco jóvenes de Soacha, municipio contiguo a esa capital, y presentaron los cuerpos como pertenecientes a guerrilleros caídos en combate. Los uniformados podrían ser condenados hasta a 40 años de cárcel cada uno.

La aprobación del nuevo convenio por una parte de las víctimas de la insurgencia resulta fundamental para minar el respaldo social que logró Uribe a su postura guerrerista con la manipulación de viejos rencores entre la población que se vio afectada por el conflicto. Uribe atizó, asimismo, el afán de impunidad de militares, policías y grupos paramilitares que combatieron a la guerrilla, y por ello el fallo judicial de ayer en contra de los 21 homicidas es de gran importancia en estos momentos: constituye un mensaje de que, con o sin proceso de pacificación, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en el bando oficial no quedarán impunes.

En suma, la nación sudamericana parece haberse rencauzado, a pesar de todas las dificultades y abiertos sabotajes, hacia la construcción de una paz definitiva.

Pero la ventana de tiempo para ello es sumamente corta: debe tenerse en cuenta que la presidencia de Barack Obama ha sido impulsora fundamental de las negociaciones y que en menos de dos meses estará sentado en el despacho oval de la Casa Blanca un individuo imprevisible, de orientaciones ultraderechistas y percepciones internacionales disparatadas, que bien podría retirar el respaldo de Washington al arduo proceso colombiano de pacificación. Es razonable suponer que Uribe estirará todo lo que pueda su reticencia a aceptar el nuevo pacto, con la esperanza de que el relevo presidencial en Estados Unidos vuelva a colocar a Colombia en la perspectiva de una guerra sin solución. Resulta crucial, por ello, que en estas semanas la comunidad internacional ejerza toda la presión posible y que la sociedad colombiana se movilice de manera decisiva a fin de lograr la anhelada y necesaria aprobación de la paz.