l titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, afirmó ayer, durante la conferencia La ética y profesionalización en la prevención, detección y análisis del fraude, que la instancia que encabeza, coadyuvante del Legislativo, ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) denuncias de hechos en contra de cuando menos 15 gobiernos estatales por uso indebido de recursos. Prácticamente todos los estados, dijo Portal, ostentan algún tipo de irregularidad.

El dato resulta particularmente relevante en la circunstancia actual, cuando el gobernador veracruzano con licencia, Javier Duarte, se encuentra prófugo y ha mandado al Congreso de su entidad una solicitud para que se revoque su licencia, presumiblemente con el propósito de reasumir el fuero; cuando el ex mandatario de Sonora Guillermo Padrés Elías y su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, se encuentran presos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, y cuando otros ex gobernadores –como Rodrigo Medina, de Nuevo León; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, de Durango, y Humberto Moreira Valdés, de Coahuila– enfrentan imputaciones, investigaciones o sospechas por delitos similares.

Tal circunstancia, aunada a la inacción de las instancias de procuración de justicia, salvo en casos excepcionales, alimenta en la sociedad la percepción de un propósito generalizado de encubrimiento e impunidad que, a su vez, agrava la crisis de credibilidad en la que se encuentran las instituciones del país.

Lo señalado por el titular de la ASF debiera dar lugar a un exhaustivo infor-me de la Secretaría de la Función Pública y de la PGR en el que se dé cuenta a la sociedad, con espíritu de transparencia –y, por supuesto, sin afectar la necesaria confidencialidad de las pesquisas–, acerca de lo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción, particularmente en el caso de altos funcionarios, como lo son los ejecutivos estatales antes referidos, así como sobre los procedimientos en curso para sancionar y prevenir actos de desvío de recursos en los gobiernos de los estados y en los organismos autónomos, los cuales siguen siendo, a pesar de discursos y de reformas legales, verdaderos agujeros negros en materia de fiscalización.

En los casos mencionados, las dependencias encargadas de investigar posibles fraudes y de procurar justicia han tenido sobrado tiempo para realizar sus tareas. El que los señalamientos sociales y los formulados por la ASF permanezcan sin esclarecimiento resulta desastroso para la ética del servicio público, para la economía, para la estabilidad política y hasta para los propios señalados, quienes, en caso de ser inocentes, deberían tener una forma fehaciente de limpiar su nombre y de despejar toda sospecha.