La aprobación del presupuesto para el año entrante por la Cámara de Diputados confirmó la cancelación de recursos para programas relevantes de la Secretaría de Gobernación (SG), como el plan federal antidelito.

El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), bandera de la administración federal para atajar esta problemática, en el contexto de la estrategia Nos mueve la paz, no tendrá recursos específicos para 2017. Por tanto, la continuidad de las acciones estaría subordinada al criterio de las autoridades locales, a planes de otras dependencias y a la búsqueda de recursos en la sociedad civil.

La SG deberá buscar apoyos, convenios y requerirá tocar puertas con empresarios, académicos y otras instancias para la sobrevivencia de proyectos culturales, deportivos, sociales y de atención a grupos vulnerables, como los jóvenes en conflicto con la ley o las mujeres identificadas como viudas de la violencia.

Alberto Begné, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, llegó a este cargo en febrero de 2016 para hacerse cargo de la distribución de recursos y la operación del Pronapred. Al darle posesión del cargo, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong le dijo que era prioridad la política para la prevención social de la violencia.

En 2016, el Pronapred contó con 2 mil millones de pesos a repartir entre los municipios más violentos del país. Esa cantidad significa 600 millones menos que en 2015, para atender a 230 zonas donde viven cinco millones de personas. El Programa sólo atiende a 4 por ciento de la población.

Acapulco encabeza la lista de municipios de prioridad del gobierno federal en cuanto a factores de riesgo y es también el ayuntamiento que recibió hasta ahora más recursos del programa.

Sorpresivamente, el proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda dejaba a la deriva al Pronapred (sólo con la coordinación de nueve dependencias, a fin de que a ciertas tareas le incorporen el sentido de prevención social de la violencia), pese a que en los discursos se adjudicaba éxito a la estrategia con la disminución de incidencia delictiva en los municipios en los que aún se aplica. Los responsables dijeron que gestionarían con los legisladores, pero al final no se le otorgaron recursos.

Begné confirmó que ‘‘no es una situación fácil’’, aunque el Pronapred trasciende a la asignación de subsidios, como se denomina a los recursos enviados a los municipios con mayor problemática en la materia. Por tanto, les queda aprovechar el ámbito de la coordinación intersecretarial, así como otros mecanismos para trabajar con autoridades locales.

Por lo pronto, ya alistan un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para atajar los problemas de violencia en conjuntos habitacionales, así como otro con el sistema penitenciario y empresas para vincular actividades productivas con reinserción social. Igualmente, se trabaja con universidades para generar recursos humanos que operen el programa.