La firma de hojas en blanco continúa siendo una práctica común en la contratación de trabajadores, principalmente de los sectores de la construcción y limpieza, reconoció la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Margarita Darlene Rojas Olvera.

Al destacar que se han reducido en 20 mil los contratos colectivos de protección, destacó que los más afectados por esa situación son personas con menor preparación escolar, pues muchas veces ni siquiera saben para qué las empresas les piden firmar esas hojas, violando sus derechos laborales.

La asignación de un perito permite detectar, mediante un análisis de la tinta, si el documento fue firmado con anterioridad a la fecha en que se le despide, quedando como elemento de prueba para continuar con la demanda del trabajador, señaló.

La funcionaria explicó en entrevista que se tienen 908 sindicatos activos y 50 mil contratos colectivos registrados, pues alrededor de 20 mil fueron enviados al archivo, al considerarse de protección, pues no realizaron ningún movimiento entre 2008 y 2014.

En estos momentos suman 100 mil los asuntos en trámite, a los cuales se suman 28 mil 551 que recién ingresaron, aunque a octubre se logró resolver 38 mil 943 demandas, cifra superior a la registrada el año pasado, con 36 mil 547, con la puesta en marcha de la firma electrónica y juicios de amparo en línea, trámite que se utiliza en 60 por ciento de los casos para cambiar la sentencia, de los cuales sumaron 93 hasta octubre.

La conciliación entre el patrón y el trabajador ha permitido un acuerdo en 6 mil 900 casos para no llegar a un juicio, que puede tardar años, sobre todo cuando el demandado carece de bienes muebles e inmuebles para hacer frente a la demanda, como ha sucedido con 373 casos, que datan de 1999.

De las resoluciones, 70 por ciento fueron en favor de trabajadores, dijo, y destacó que este año el número de huelgas por violación al contrato colectivo y demanda de incremento salarial suman 10, una cifra muy baja.

La atención de los 100 mil asuntos en trámites, sin embargo, requiere de crear más juntas y más recursos económicos para la contratación de personal, no sólo el cambio de nombre de junta a tribunal, afirmó.

Hoy, dijo, se cuenta con un presupuesto de 444 millones de pesos, de los cuales 92 por ciento se destina al pago de nómina, y si se sigue trabajando con el mismo personal, llevará a la junta a agotar esos asuntos en 10 años, cuando la sociedad demanda justicia expedita.