La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Ejecutivo federal a presentar lo más pronto posible una iniciativa de ley sobre la consulta a los pueblos indígenas, pues hasta ahora existe una violación persistente de este derecho en la ejecución de diversos megaproyectos en el país.

La cuarta visitadora general de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, advirtió que la falta de este ordenamiento que regule el proceso de consulta ha impedido conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.

Sin embargo, destacó que para respetar los derechos de pueblos y comunidades indígenas, es necesario que esta legislación cumpla los más altos estándares internacionales, por lo que tiene que garantizar que la consulta efectivamente sea previa, libre e informada, y de buena fe, pero también que respete sus procedimientos culturales.

Esta consulta debe respetar sus usos y costumbres; no debe ser una consulta que se realice en dos o tres días, dijo la visitadora Aguilar León.

Al participar en el seminario de actualización de periodistas en temas de derechos humanos, la funcionaria del organismo nacional precisó que la garantía a la consulta previa tiene importancia vital, pues está directamente conectado con la protección de otros derechos colectivos.

Así, la garantía de este derecho es necesaria para la preservación del derecho a la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural e identidad cultural, entre otros.

En México habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas y 364 variantes etnolingüísticas. La población que se considera indígena representa 21.5 por ciento de la población total del país, según el último reporte correspondiente a 2015.

La CNDH realizó diversas investigaciones de casos concretos en los que debió realizarse una consulta a los pueblos indígenas, entre ellas el proyecto del Acueducto Independencia, en el Valle del Yaqui, en Sonora; al pueblo indígena wixárika, en San Luis Potosí, por proyectos mineros; comunidades en siete estados por la producción de alimentos transgénicos; el proyecto eólico en Juchitán, en Oaxaca, y la presa La Parota, en Guerrero.

En todos estos casos se acreditaron múltiples violaciones a la consulta a los pueblos indígenas, en las que ni siquiera hubo consulta, o se realizó de manera deficiente y presionada de manera posterior al desarrollo del proyecto.