La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que entregará una recompensa de 15 millones de pesos por información que lleve a la captura de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz.

Esta cantidad es similar a la que el Ministerio Público Federal ofreció por datos que llevaran a la aprehensión de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quien ya fue extraditado a Estados Unidos, o por integrantes de bandas de secuestradores. Incluso es mayor que la ofrecida por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, como Nemesio Oceguera El Mencho (2 millones).

Las autoridades federales cuentan con una orden de aprehensión contra el ex mandatario veracruzano, a quien se le imputa la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde el mes pasado se desconoce su paradero, luego que solicitó licencia a su cargo.

La PGR difundió ayer en el Diario Oficial de la Federación el monto de la recompensa. La institución federal ha ofrecido la misma cantidad por delincuentes como Francisco Medina Mejía, El Quemado (occiso); Baltazar Saucedo Estrada, El Mataperros, o Roberto Carlos López Castro, El Toruño, integrantes de Los Zetas que en agosto de 2011 incendiaron el casino Royale en Monterrey y causaron la muerte de 52 personas.

En otras ocasiones en que la PGR ha ofrecido 15 millones de pesos fueron para localizar y detener a Juan Pablo Ledezma, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, y Óscar Morales Alvarado, El Alvin, miembro de la banda de secuestradores conocida como La Flor.

En el acuerdo por el que da a conocer la recompensa para detener a Javier Duarte, la PGR señala que la colaboración de la sociedad, establece el acuerdo, es una herramienta eficaz para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno en las investigaciones y averiguaciones que realiza el Ministerio Público de la Federación para identificar, localizar, detener o aprehender a probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia atentan contra la tranquilidad y paz pública, obstaculizando la actuación normal de las instituciones públicas y el desarrollo social.