l turno en el espectáculo judicial de temporada corresponde al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien ayer se presentó voluntariamente ante las autoridades federales para comenzar a desahogar algunos de sus pendientes legales.

Con un trato excepcionalmente distinto al que recibe la inmensa mayoría de mexicanos, custodiado por marinos a la salida de Radio Fórmula, adonde había ido para ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario y ex panista inició un recorrido que en pocos días lo podría tener en libertad o, en un escenario negativo, le podría conducir hacia alguna sanción benévola, ante cargos que sólo constituyen una parte del amplio catálogo delictivo por el que podría ser procesado. En todo caso, con un candado de seguridad para el sistema, pues ayer mismo se detuvo a uno de los hijos del ex gobernador.

Su defensa, desde luego, es de las más caras y políticamente influyentes pues está a cargo de Antonio Lozano Gracia, quien fue procurador general de la República durante el gobierno de Ernesto Zedillo, como producto de una negociación con el panismo y con Diego Fernández de Cevallos como verdadero jefe y beneficiario, en una evidente colusión de intereses partidistas que subsiste, aunque no con la intensidad de aquellos años dorados.

Padrés llegó al gobierno de Sonora como consecuencia colateral del incendio de la guardería ABC en Hermosillo. Parecía destinado a una aparatosa derrota electoral ante Alfredo Elías, el priísta propuesto para sustituir a Eduardo Bours, pero la muerte de decenas de niños le trocó la suerte, para bien, en unas horas (léase el Astillero del 8 de junio de 2009 con los siguientes encabezados: Días de guardar; Suerte panista cambia; Familias e hildebrandismo: https://goo.gl/kAJNpk ).

Su administración, a fin de cuentas, fue una colección de abusos, nepotismo, corrupción y frivolidad. Su enriquecimiento personal y familiar estuvo a la vista y sus abusos fueron ampliamente documentados (entre ellos, la construcción arbitraria de una represa que dotaba de agua a sus propiedades rurales). Un párrafo especial merecería la represión contra movimientos sociales opositores, particularmente al pueblo yaqui que, con resoluciones a su favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sufrido trapacerías legales, persecución y encarcelamiento de sus dirigentes, en especial en el caso de Mario Luna (liberado 10 días antes de que Padrés dejara el poder). La tribu ha sostenido fuerte resistencia frente a la construcción del Acueducto Independencia, que le despojaría de buena parte de sus derechos históricos en cuanto a aprovechamiento de las aguas del río Yaqui.

Con fuerte tufo a negociaciones de cúpulas (Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, ahijada política de Manlio Fabio Beltrones, presionó fuerte para que hubiera acción judicial contra Padrés, pero en Los Pinos parecieran preferir maniobras judiciales que no afecten los entendimientos entre PRI y PAN), el episodio escenificado desde ayer con la presentación voluntaria del ex gobernador ha permitido de inmediato al panismo mediáticamente más relevante aparecer con proclamas de honestidad partidista y de fijación de responsabilidades, en todo caso, sólo en individuos. Es la misma cantaleta utilizada por los priístas respecto de Javier Duarte de Ochoa, quien ahora sería, según los jilgueros del partido tricolor, una especie de actor clandestino, personalísimo, de operaciones delictivas, sin que el resto de sus correligionarios supieran siquiera una pizca de lo que hacía el veracruzano.

VISITA DE CORTESÍA. El gobernador electo de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se reunió ayer con José Narro Robles, titular de la Secretaría de SaludFoto La Jornada

Si fuera cierta la hipótesis de que hay un bipartidismo inducido, que pretende cerrar la competencia de 2018 a las cartas complementarias que presenten PRI y PAN, parecería que con el paso dado ayer por Padrés también se busca equilibrar los marcadores (como en su defensa política ha alegado Padrés, considerándose incluso perseguido político) en cuanto a oportunidades de deslinde de sus trapos sucios. En ambos casos, los partidos coaligados expulsaron oportunamente a sus prietitos en el arroz (que, en realidad, sería un arroz negro, con algunas excepciones en blanco o gris) y, ya abiertos los correspondientes procesos judiciales contra esos personajes, los voceros de PRI y PAN se han esmerado en demandar castigo a la corrupción, tratando de presentar una zalea blanqueada rumbo a 2018.

Falta, desde luego, que Duarte de Ochoa sea llamado a escena. Ya llegará su momento. Veracruz, mientras tanto, vive una descomposición acelerada, con el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, violentamente rechazado por presidentes municipales, organizaciones, grupos políticos y sociales que actúan con diversas intenciones (en algunos casos, como si ya hubiera arrancado la campaña electoral para la siguiente elección, luego que pase la minigubernatura de Miguel Ángel Yunes).

Pero no hay dinero suficiente para que la maquinaria institucional veracruzana siga adelante, pues el mandatario con licencia, Duarte de Ochoa, se llevó cuanto pudo con una voracidad tan escandalosa como largamente tolerada y aprovechada por muchos de los funcionarios federales que ahora parecen espantarse de lo que antes disfrutaron y protegieron. Escenarios similares de rapiña han sucedido y están sucediendo en la gran mayoría de los estados de la República, con protestas y denuncias locales que son acalladas por parte de los medios regionales y poco atendidas (entre la abundancia de casos de escándalo en todo el país y particularmente en el plano del poder federal) por los medios con resonancia nacional.

Y, mientras James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho en la Ciudad de México que no se puede seguir reforzando la tesis del basurero (de Cocula); no hubo tal incendio (de los 43 de Ayotzinapa), por lo que se tienen que revisar otras líneas de investigación, y que se debe cambiar la narrativa oficial sobre el tema, ¡hasta el próximo lunes!

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