También culpa a las senadoras De la Peña y Díaz; los señalados rechazan sus dichos
Martes 8 de noviembre de 2016, p. 9
En su renuncia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Susana Pedroza de la Llave acusó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa, y a las senadoras Angélica de la Peña (PRD) y Cristina Díaz (PRI) de haber intervenido en las ‘‘reformas regresivas’’ de la Ley General de Víctimas. Al primero también lo inculpó de ejercer el ‘‘control’’ del organismo.
Además, asegura que estas reformas a la ley son ‘‘reflejo indiscutible del asedio por mantener el poder injerencista’’ en la labor encargada a la comisión, ‘‘anteponiendo intereses políticos y mezquinos’’ a los de miles de víctimas que requieren atención, pero además, para ‘‘seguir haciendo uso discrecional de los recursos económicos’’.
Las acusaciones de la hoy ex comisionada fueron rechazadas tajantemente por el subsecretario Campa y la perredista Angélica de la Peña, quienes las calificaron de ‘‘absurdas’’ y ‘‘fuera de tono’’. Incluso, coincidieron en que las reformas aprobadas resultaban necesarias porque la CEAV ‘‘nunca funcionó como se esperaba’’.
Tras lamentar la dimisión de la comisionada Pedroza, la CEAV aseguró, citando diversos artículos de la Ley General de Víctimas, que no se afectará su trabajo ni se violenta la ley por la que fue creada.
Aseguró que su legitimidad no se afectará aun cuando sólo tiene dos de los siete comisionados que deben integrar el pleno del organismo. Con la salida de Pedroza quedan el comisionado presidente, Julio Hernández Barros, y el comisionado Adrián Franco Zevada. Sin embargo, ‘‘la funcionalidad y operatividad del organismo está garantizada’’, se insiste en un comunicado.
Entrevistado en el quinto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, el subsecretario Campa señaló que en los temas internos de la comisión no hubo un solo caso que hubiese incluso dado una sugerencia. Lo que existe, dijo, es un trabajo coordinado, y puso de ejemplo el tema de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que son atendidos médicamente, o las organizaciones y colectivos de desaparecidos, porque –argumentó– ‘‘son asuntos que nos competen’’, a la CEAV y también a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Además de rechazar injerencia o control aclaró que las reformas se hicieron ‘‘porque nadie, ni los comisionados, ni los servidores públicos, pero sobre todo tampoco las víctimas, se sienten satisfechas con lo que ha pasado con la CEAV, y por ello se hizo este esfuerzo’’.
En tanto, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo no entender el tono utilizado por la ex comisionada. ‘‘Ella sabía que una vez que se publique la reforma debería dejar su cargo’’, dijo.
‘‘No voy a entrar a una serie de calificativos absurdos; lamento mucho que las cosas se hayan dado así; cuando los elegimos pensábamos que iba a ser una CEAV ejemplar y no tan cuestionada como resultó’’, señaló la senadora.
En este sentido, la legisladora dijo que la remoción de los comisionados de la CEAV ‘‘está apegada a la ley, se hizo con base en la reforma constitucional que se aprobó el año pasado.
‘‘Tuvimos un encuentro con los siete comisionados por los reclamos que había de las víctimas y se comprometieron a que ya no se iban a repetir. Después tuvimos otro encuentro cuando ya nada más eran cinco comisionados; dos habían renunciado, pero nunca resolvieron los problemas.’’
