Las recientes modificaciones a la Ley General de Víctimas, además de representar un retroceso, llevan dedicatoria, ya que la intención es que repita al frente del organismo rector en la materia Jaime Rochín, cercano al gobierno federal, advirtió el senador Armando Ríos Piter, del PRD.

En entrevista, explicó que votó en contra de los cambios a esa ley porque se desecharon las principales demandas de organizaciones y colectivos, de no permitir que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedara estructuralmente en manos del gobierno.

Contrario a ello, dijo, se constituyó una junta de gobierno, que será encabezada por el secretario de Gobernación y se creó un artículo quinto transitorio, que indica que, por esta única vez, el presidente de la CEAV para los próximos tres años será propuesto por el Ejecutivo federal.

En adelante, el presidente de la República enviará una terna al Senado, pero esta vez Enrique Peña Nieto va a designar al responsable de la atención a las víctimas, porque la decisión ya está tomada.

El senador Ríos Piter resaltó que varias organizaciones le comentaron que es un hecho que el elegido será Rochín, quien estuvo al frente de la CEAV el último año y está identificado por su cercanía con el gobierno.

Agregó que ello preocupa a las organizaciones de víctimas, que consideran que en lugar de velar por los intereses de los afectados por el crimen organizado o por violaciones a derechos humanos llevará la postura gubernamental.

Parte de esa estrategia, dijo, es que se incluyó en la ley otro transitorio para señalar que dejarán de ejercer sus funciones los comisionados de la CEAV que estén en activo al entrar en vigor la ley.

Por separado, la senadora perredista Iris Vianey Mendoza coincidió en que las reformas son un retroceso, ya que el presidente de la CEAV designado por Peña Nieto tendrán la facultad de nombrar a los expertos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil que conformarán la asamblea consultiva de esa comisión, que además tendrá una junta de gobierno encabezada por la Secretaría de Gobernación.