Cancún, QR.

Con las reformas a la Ley General de Víctimas (LGV) quedó al descubierto que durante los últimos tres años del gobierno priísta de Roberto Borge Angulo se omitió homologar esta legislación con la ley federal en la materia, y se desconoce el destino de casi 89 millones de pesos que la Federación entregó para la reparación de daños a víctimas, afirmó José Luis González Navarro, presidente de la agrupación Abogados de Cancún.

Señaló que luego de que ayer el Senado aprobó en lo general modificaciones a esta ley –que tiene tres años en vigor–, en esta entidad no se aplicaron esos recursos, pues no estaba creada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pese a que era obligatorio entregar ese dinero a miles de víctimas de delitos.

El problema fue que el anterior gobierno del estado nunca puso atención al respecto, no se estableció la comisión. Esperemos que con este gobierno ya se designe a la persona y que la partida presupuestaria se maneje en bien de la sociedad quintanarroense, exhortó.

El litigante dijo que la aplicación de la Ley General de Víctimas es letra muerta en Quintana Roo; no así en los estados de Yucatán y Campeche. La ley refiere de 500 mil a 2 millones de pesos en reparación de daños para cada víctima, quiere decir que debe existir dinero en las arcas del gobierno del estado, a efecto de reparar daños a quienes se hayan dictaminado como víctimas, donde su agresor debe de estar en la cárcel, dijo.

González Navarro destacó que la comisión ejecutiva debe contar con un mando unipersonal que por única vez será propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, y tendrá que ser alguien con amplio conocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos porque la atención deberá ser con carácter de urgente.

De inmediato se debe dar asistencia sicológica, física, en transporte, comidas, todo lo necesario para que se atienda a la víctima de un delito, específicamente de carácter penal, y se prevenga la doble victimización, que en el proceso actual sufren las víctimas, pues no se les atiende como seres humanos, sino como números de expediente, enunció el jurista.

Explicó que en 30 días el Senado deberá aprobar el titular de la CEAV, que durará tres años, y después la selección del perfil será con base en consultas previas a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.