En el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la Auditoría Supe-rior de la Federación (ASF) comprobó irregularidades por 35 mil millones de pesos sólo en el manejo de transferencias federales a Veracruz, la cifra más alta que hayamos podido determinar en la historia de la auditoría, que inició funciones en 2000.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, señaló que ha presentado 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable por 9 mil 500 millones que el gobierno estatal simuló reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Refirió que se trata de irregularidades documentadas en los primeros cuatro años de Duarte de Ochoa, por lo que aún faltan los resultados de la auditoría a la cuenta pública 2015, que se presentará en febrero de 2017 a la Cámara de Diputados.

En entrevista, el auditor detalló que el órgano fiscalizador detectó que desde los primeros años de gobierno de Duarte hubo irregularidades, pero se dispararon en 2014. Se supo de las anomalías en el manejo de las finanzas desde antes, aunque no eran tan exageradas, indicó.

Informó que el grueso de las denuncias penales contra el gobierno de Duarte de Ochoa se presentó a partir de 2015, cuando se contó con información suficiente sobre la simulación de reintegros para armar los expedientes.

Refirió que el modo de operar de Duarte era el siguiente: ante las observaciones de la ASF por gasto ejercido sin comprobación suficiente, la Secretaría de Finanzas depositaba los fondos en cuentas de banco para solventar la investigación, pero al día siguiente se retiraban y desapareció el dinero.

Así ocurrió en las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 y anticipó que la ASF presentará nuevas denuncias porque la práctica de extraer los fondos federales para destinarlos a fines distintos a su objeto se mantuvo en 2015 y 2016.

Se le preguntó si la PGR actuó con lentitud ante las denuncias de la ASF contra el gobierno de Duarte. Respondió que la ex procuradora Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública, justificó que el Ministerio Público Federal tiene acumuladas 90 mil denuncias pendientes de resolución, de las cuales 700 han sido interpuestas por la Auditoría Superior. Así que resolverlas depende de la PGR, expresó.