El pleno del Senado aprobó con 77 votos en favor y nueve en contra las reformas a la Ley General de Víctimas, por las que el presidente Enrique Peña Nieto nombrará por única vez al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que durará tres años en el cargo. El organismo contará con una junta de gobierno, coordinada por la Secretaría de Gobernación.

Los senadores también avalaron que para 2017 no se haya solicitado en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos para la CEAV, con el argumento de que tiene un fondo de casi 2 mil millones de pesos que no ha ejercido.

La bancada del PRD se dividió y siete senadores votaron en contra de los cambios, ya que subrayaron que son parte de una reforma coyuntural para consolidar el control de la Secretaría de Gobernación en la estructura de atención a víctimas; se trata, además, de una designación transexenal de Peña Nieto, ya que el comisionado ejecutivo que proponga el Ejecutivo permanecerá tres años en el cargo, dos que le restan a la administración actual y un año del próximo gobierno.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, mencionó los cambios a la citada ley: contará con reglas para la debida coordinación de la CEAV y las entidades federativas, para que las víctimas puedan acceder a las medidas de apoyo y reparación integral del daño; el organismo subsidiariamente otorgará ayuda con cargo al fondo creado ex profeso, dejará de ser un ente colegiado y la responsabilidad estará a cargo de un comisionado ejecutivo.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, también en tribuna resaltó que uno de los cambios fundamentales es que se establece en la ley que a través del fondo de apoyo se cubran los pagos a expertos y peritos extranjeros, en el caso de que no haya especialistas mexicanos.

Ante los cuestionamientos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de más de un centenar de organizaciones civiles por la creación de la junta de gobierno, que estará integrada por las secretarías de Hacienda, de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como cuatro integrantes de organizaciones civiles y el comisionado ejecutivo, De la Peña precisó: esa junta está acotada, no podrá intervenir en las decisiones de la CEAV.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, señaló desde la tribuna que con la reforma a la ley se flexibilizan los mecanismos de acceso a los fondos de apoyo para víctimas, con lo cual podrán recibir de inmediato recursos para alimentación, hospedaje o transportación que requieran para acudir a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia CEAV.

Punto relevante

Destacó que otro elemento relevante de los cambios es que antes la CEAV sólo podía intervenir en delitos federales, pero ahora podrá abarcar a las víctimas de los delitos del fuero común, que son mayoría.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la priísta Graciela Ortiz, subrayó que con estos cambios se faculta a la CEAV a atender a las víctimas de delitos del fuero común en todo el país, así como a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

La perredista Iris Vianey, en nombre propio y de su compañero de bancada Armando Ríos Piter, lamentó que la ley no incluye la definición de “desplazamiento interno forzado, para otorgar una protección más amplia a la víctima; sólo se habla de desplazamiento interno.

Instalar una junta de gobierno es un retroceso y significa regresar a un modelo ya superado, como lo fue Províctima, indicó.

El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo.