on el fin de llegar a conclusiones en las que todas las personas participantes se reflejen y puedan por ello colaborar en la construcción de un futuro mejor, un proceso constituyente es, antes que nada, ponerse de acuerdo sobre los principios básicos que normarán la vida pública de una comunidad política, expresar con honestidad y fundadamente sus propuestas y plantear con franqueza sus desacuerdos. La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México puede ser ocasión para que todo lo dicho se realice, aunque todavía estamos lejos de ello, a pesar de que en las últimas semanas ha habido mayores acercamientos a ese ideal. Veamos cuáles son los obstáculos para remontarlos, a fin de que todos gocemos de una vida pública saludable, porque es claramente democrática y justa.

En el ámbito nacional hay muchas situaciones que tienen, con razón, molestos a amplios sectores de la población. Más allá del posible mal humor social, lo que sí existe es una mala situación para realizar las expectativas y los deseos de la sociedad. El estancamiento económico y su secuela de desempleo y privaciones; las violaciones continuas y reiteradas a los derechos humanos, que generan inseguridad ciudadana; el deterioro de las instituciones públicas encargadas de la calidad de vida de las personas, que arrastra en su caída el futuro de niños y jóvenes, etc. Frente a estas y muchas otras cosas más, es claro para muchos que hay que llevar a cabo cambios de fondo en la vida pública. La discusión sobre la Ciudad de México, más allá de sus protagonistas, es ocasión para esto. Tal vez por eso algunos preferirían que su Constitución se quedara en un mero trámite administrativo, en el que, copiando para el nivel local lo que diga la Constitución federal, hagamos sólo los cambios mínimos para que todo permanezca igual.

Quizás otra de las razones de la resistencia a realizar la discusión de fondo sobre la Constitución, si bien declinante, sea que después de más de 30 años de reformas económicas adversas para las mayorías, hay quienes esperan que la población finalmente se resigne y termine aceptando, como si fueran valores, las decisiones interesadas que nos tienen en la situación descrita. Proponer que la sociedad pueda dotarse de otros valores, para con ellos orientar un camino hacia nuevas realidades, puede ser incómodo. Pero una Constitución también es aspiración a un horizonte mejor y no sólo un manual de procedimientos jurídicos.

Una tercera razón podría ser que para muchos actores, que incluso han compartido la búsqueda de autonomía para la Ciudad de México, se plantee el asunto de quién cosechará los frutos de la realización de ese anhelo. Una buena Constitución no es la que otorga ganancias políticas a unos sobre otros, sino la que permite que todos diriman en paz sus diferencias y que las victorias o derrotas políticas posteriores se den en el marco de una norma superior que las legitime. Esta es la mejor ganancia política que todos podremos tener. Por tanto, si estuviéramos de acuerdo en que para mejorar hay que intentar cambiar; si también lo estuviéramos en que un cambio tiene que inspirarse en nuevos valores que desplacen a los que hasta hace unas décadas podían aparecer como innovadores, pero que hoy son viejos fracasados, y que la construcción de esos valores es mucho más importante que la disputa política inmediata, entonces tendríamos todo dispuesto para que la nación entera aproveche la experiencia del debate público sobre la Ciudad de México. Habrá que añadir que lo que ahora se discute no es producto de la voluntad de un solo gobernante. Es un producto colectivo, con todos sus aciertos y errores, de personas de los más diversos sectores sociales y corrientes de opinión. Habrá que aceptar también que esa obra colectiva no es tampoco producto del solo grupo convocado para redactar. Éste recogió las propuestas de muchos grupos de la sociedad civil, que desde años atrás se han pronunciado ya sea en procesos de amplia discusión entre diversas organizaciones sociales, como la Carta por el Derecho a la Ciudad, o en iniciativas de reformas constitucionales, como la presentada en el Senado el 21 de noviembre de 2013, entre otras.

En muchas de estas iniciativas la propuesta era clara: una ciudad estructurada en torno al respeto y la garantía de todos los derechos humanos, orientada hacia el desarrollo en todas sus dimensiones (social, económica, cultural y política), reconocedora de la diversidad y preservadora del medio ambiente para las generaciones futuras; con gobiernos que rindan cuentas y con una alta participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. Lo que el texto sometido a discusión de los constituyentes de la CDMX señala es que los derechos se alcanzarán progresivamente; es decir, de acuerdo con las capacidades públicas, pero crecientemente. Que habrá estructuras para hacer real la participación ciudadana, la impartición de justicia y la rendición de cuentas. Que habrá mecanismos para que todos ajustemos nuestros intereses, sin excluir a ninguno. Que habrá también por fin planes para hacer reales las aspiraciones. Seguro que en los medios e instrumentos hay faltantes o errores. Para corregirlos está el constituyente, pero sobre todo la sociedad, que ya presenta sus iniciativas de modificación. Para ello está igualmente la opinión pública. Parece entonces que, después de todo, ya estamos en el camino de ir debatiendo nuestra Constitución. Toca reforzar esfuerzos y propuestas, pues nos encontramos en semanas cruciales para ello.