El PRD en el Senado exigió que se trabaje de inmediato en la reforma a la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, proceso que debe quedar en manos de esa cámara y no de la PGR.

El senador Armando Ríos Piter resaltó que a las voces que manifiestan su rechazo por la forma fast track en que fue nombrado al frente de la Procuraduría General de la Repúblia (PGR) el priísta Raúl Cervantes, se les debe aclarar que fue ratificado sólo como procurador, no como el nuevo fiscal –que durará en el cargo nueve años–, ya que éste deberá provenir de una amplia consulta.

El perredista insistió en que es el Senado el que debe convocar a ese foro en torno a la legislación secundaria para la fiscalía y no la PGR, que ha dado señales de querer realizarlo.

Ríos Piter consideró que para seleccionar a quien será el primer fiscal de la Federación, el Senado “debe garantizar un amplio proceso de discusión, debate, de escuchar a la sociedad civil, a la academia, a expertos, a las universidades, a fiscales estatales, jueces y todos los que están involucrados directamente con la PGR.

“No puede pensarse –insistió– en que se trate sólo de cambiar el nombre o modificar la fachada de la PGR, institución caracterizada por serias deficiencias. El cambio a fiscalía es la oportunidad para verdaderamente combatir la corrupción, el crimen organizado, los delitos fiscales y los medioambientales, que hoy no se persiguen”.

Si Cervantes no cuenta con el aval después todo este proceso, no deberá ser fiscal. Hoy existe la crítica de que ha llegado para cubrirle la espalda a unos cuantos del poder en turno.

El senador Ríos Piter consideró que el reto de la nueva fiscalía es garantizar autonomía, tener contrapesos, mecanismos rápidos y eficientes de investigación, y esto no se puede ver en pequeños foros. Deben existir amplias consultas para tener la legislación que garantice el pleno funcionamiento, resaltó

Entre los puntos que se deben abordar en el debate están promover la autonomía absoluta de la PGR y, llegado el momento, de la Fiscalía General de la República. Crear un servicio civil de carrera para construir una fiscalía desde cero.

Asimismo, establecer una política criminal explícita y pública, que incluya estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Instrumentar sistemas de contrainteligencia, que permitan detectar infiltraciones de grupos criminales o personas de las altas esferas del poder que pudieran corromper e inducir a agentes del MP a distorsionar la investigación y persecución de los casos.