Las herencias del ex gobernador César Duarte a la nueva administración de Chihuahua son finanzas en bancarrota, un desastre administrativo y un déficit de 7 mil 207 millones de pesos, denunció el actual gobernador, Javier Corral. Por ello, dijo, han solicitado un apoyo federal extraordinario de al menos 2 mil millones de pesos sólo para cubrir los gastos de 2016.

Entrevistado en la sede del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Corral aseveró que, en paralelo, se han consolidado las acusaciones de enriquecimiento en contra de Duarte y, con elementos a la mano, la Procuraduría General de la República (PGR), ya podría girar orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez por el uso no aclarado de 64 millones de pesos para asociarse al Banco Progreso.

Tras demandar que la PGR actúe, Corral dijo que, además de las acusaciones del ámbito federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya integra expedientes sobre malos manejos en diversas dependencias, lo que no solamente implica a Duarte, sino también a varios ex funcionarios que constituyeron toda una red para la manipulación ilícita de recursos públicos.

El gobernador señaló que inicialmente, cuando se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, le dijo que el déficit financiero del estado era de 4 mil 600 millones de pesos, pero tras una revisión puntual se descubrió que en realidad es de 7 mil 207 millones.

Subrayó que el respaldo federal es imperioso, pues faltan recursos hasta para pagar la nómina (los maestros concentran 52 por ciento del total); por ello solicitó, además, un crédito de corto plazo por mil 800 millones de pesos.

Corral dijo que el patrimonio personal de Duarte creció preponderantemente al mismo tiempo que la deuda pública de la entidad se disparó hasta 50 mil millones de pesos, a lo que se suman 6 mil millones de pesos de una deuda bursatilizada adquirida en el último mes de gestión y que se ocupó para pagar a proveedores; no obstante, se investigan estas operaciones porque en muchos casos no existe constancia de la contraprestación de las empresas por los recursos recibidos.

–¿La actuación del gobierno de Duarte para desfalcar al estado fue delincuencia organizada?

–No tenemos todavía configurado ese supuesto. Hay una serie de actos concatenados, la participación de varios ex funcionarios que acercaron al ex gobernador hasta maquinaria para sus ranchos, además de que incrementó su patrimonio considerablemente.

Aunque exigió que la PGR intervenga ya, el gobernador externó su desconfianza en el nuevo procurador, Raúl Cervantes, por sus estrechos vínculos partidistas.

Rechazó que el combate a la corrupción en las entidades se limite a capturar a un gobernador panista y a otro priísta, y no actuar en contra del resto.

Afirmó que su partido, el PAN, lo respalda para actuar penalmente contra el ex gobernador de Chihuahua, por lo que descartó una posible negociación que derive en impunidad.

–¿El apoyo financiero que le ofrecen en Los Pinos será para no moverle más?

–La ley no se negocia. No vamos a negociar impunidad. Yo le puedo explicar a la sociedad que no tenga dinero para enfrentar los próximos meses de gobierno con obras; le puedo explicar la quiebra, pero nunca podría explicarles la impunidad.